Lun. Abr 22nd, 2024

Santo Domingo, RD

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirá esta tarde si condenan a los implicados en la muerte del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y los acusados de presuntos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Rivas.

El tribunal, presidido por Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, fijó para las 2:00 de la tarde la lectura de la sentencia, luego de que la pasada semana se reservarán el fallo.

Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.

En su dictamen, el Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), pidió al tribunal declarar culpable a los imputados y que en consecuencia fueran sentenciados a 30, 20 y cinco años de prisión.

Mientras que la defensa de los imputados, pidieron por separado al tribunal declararlo no culpable de los hechos que se le imputan y que en consecuencia fueran descargados por no cometer los hechos que se le atribuyen.

El ministerio público para el acusado Argenis Contreras, señalado como el autor material del secuestro y asesinato del abogado y catedrático universitario Ramírez Ferreras, el Ministerio Público pide la pena máxima de 30 años de prisión.

Mientras que solicita que sean sentenciados a 20 años de prisión los imputados Manuel Rivas, Faustino Rosario Díaz, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco y a cinco años de prisión para los imputados Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez, así como la imposición de multas y el decomiso de los bienes obtenidos por los imputados fruto de su actividad delictiva.

El asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.

Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.