AFP
Madrid, España
Durante mucho tiempo, Aracely Sánchez trabajó sin contar las horas, con el temor a quedarse sin trabajo de un día para otro. “Siempre me exigían más, y más, y más, como si fuera una máquina”, cuenta esta empleada doméstica en una casa de Madrid.
Aracely Sánchez, mexicana de 39 años, forma parte de un colectivo que lucha por los derechos laborales básicos, como gozar de un descanso semanal, cobrar las horas extras o tener un seguro de desempleo. Una lucha muy difícil para esta profesión muy precarizada en España.
“Hay jefes muy humanos y que nos respetan, pero también hay muchos que quieren aprovecharse de la situación”, cuenta Aracely con voz serena. Según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), casi 600,000 mujeres trabajan como empleadas de hogar en España, un país donde muchas familias recurren a sus servicios tanto para la limpieza de la casa, como para cocinar o cuidar a los niños.
Casi 200.000 de estas trabajadoras, no obstante, están sin declarar. “Muchas vienen de América Latina y no tienen papeles, se encuentran en una situación muy vulnerable”, indica a la AFP Mari Cruz Vicente, responsable de acción sindical y de empleo en CCOO.
Derechos vulnerados
Presionado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y exigido por los sindicatos, el gobierno del socialista Pedro Sánchez adoptó a comienzos de septiembre una reforma para acabar con las “discriminaciones” de las que son víctimas las empleadas de hogar. Siguiendo las indicaciones de la justicia europea, este texto -que el ejecutivo español calificó de “histórico”- permite a estas mujeres acceder a las prestaciones por desempleo, de las que hasta ahora estaban excluidas.
