Europa Press
Estados Unidos
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El equipo legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump estaría sopesando permitir que los agentes federales del FBI regresen a la residencia de Mar-a-Lago del exmandatario, en Florida, con la finalidad de satisfacer las demandas del Departamento de Justicia, según la CNN.
Los documentos judiciales indican que Trump no cumplió con una citación que ordenaba en mayo la devolución de todos los documentos marcados como clasificados, ya que las autoridades estadounidenses tienen constancia de que faltan registros gubernamentales, mientras que señalan que “probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir la investigación del Gobierno”.
Por ello, una de las opciones del equipo legal de Trump –con el objetivo de proteger al expresidente de consecuencias judiciales– es la posibilidad de permitir que los funcionarios federales regresen a su propiedad de Mar-a-Lago para realizar una búsqueda probablemente supervisada.
Aunque hasta el momento no se han tomado decisiones firmes, los abogados de Trump están sopesando cómo de complacientes deberían ser con el Departamento de Justicia, informa la CNN.
Aunque el equipo legal considera un riesgo tomar esta decisión, el expresidente habría señalado recientemente a sus asesores que está abierto a aliviar la presión para resolver el caso de los registros, ya que se acercan las elecciones de medio mandato.
“Está desgastado”, indican fuentes cercanas a Trump en declaraciones recogidas por la citada cadena. Por ello, solucionar un caso –de los múltiples que tiene abiertos– podría ayudarle a seguir adelante.
El pasado 8 de agosto, un grupo de agentes del FBI irrumpieron en la lujosa mansión del expresidente Trump en Palm Beach, Florida, llevándose alrededor de veinte cajas repletas de carpetas con documentación clasificada, algunas de ellas con la etiqueta de alto secreto.
Entre los documentos que recogieron los agentes del FBI durante la redada a la residencia de Mar-a-Lago el pasado mes, se han encontrado algunos archivos confidenciales que incluso describirían las defensas militares de un Gobierno extranjero, incluidas sus capacidades nucleares.
De acuerdo con la legislación estadounidense, los documentos oficiales de la Casa Blanca son propiedad federal y deben ser entregados a los Archivos Nacionales cuando un presidente deja el cargo.
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