- Tribunal aplaza para el 7 de noviembre audiencia preliminar acusados de agresión al Defensor del Pueblo y reporteros.Foto: WMéndez
Wanda Méndez
Santo Domingo, RD
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 7 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar contra la coronela Ysabelita de los Santos Pérez y seis de sus subalternos, acusados de agredir al Defensor del Pueblo y a periodistas en un denominado El Canódromo.
El juez Raymundo Mejía dispuso el aplazamiento debido a que los imputados Satrling Ramírez y Carlos Oliver Vólquez no tenían abogados.
El juez advirtió que en la próxima audiencia no habrá justificación para que no pueda ser conocida, porque a los acusados que acudan sin abogados se les asignará un defensor público.
“Abogado que esté ausente, abogado que está fuera”, señaló el magistrado.
Indicó que el tribunal intimará a los abogados que no asistieron para que informen al tribunal si continuarán en el proceso representando a esos imputados.
El magistrado aclaró que no se trata de un juicio, sino de una etapa preparatoria o intermedia, y que, por lo tanto, no se va a declarar culpable a nadie, sino que se va a evaluar documentos y las pruebas que se aporten.
Previo al aplazamiento, la fiscal Lorivel Heredia pidió al juez que haga una advertencia de que será la última vez que se les daría oportunidad para que busquen a un representante legal, y que, de lo contrario, se les designe un defensor público.
La barra de la defensa del Defensor del Pueblo estuvo encabezada por el primer suplente, Roberto Quiroz, mientas que la coronela estuvo representada por el abogado Bunel Ramírez.
Están acusados de incurrir en agresión contra personal del Defensor del Pueblo y de la prensa, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Natanael Javier, Starling Ramírez, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Vólquez Paulino.
En la acusación, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción, imponer medida de coerción a los imputados, consistentes en el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
También pide enviar a juicio de fondo a la exencargada del Centro de Retención Vehicular (Canódromo) y los demás acusados, para que allí respondan por los hechos que se le imputan.