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Washington

La Corte Suprema de Estados Unidos fue escenario el martes de una disputa teñida de política partidista sobre una medida del gobierno de Joe Biden que daría prioridad a la deportación de gente que se encuentra ilegalmente en el país y constituya el mayor peligro a la seguridad pública.

Después de los argumentos, que duraron más de dos horas y se tornaron áspero en ciertos pasajes, no quedaba claro si los jueces permitirían que la medida entre en vigor o bien se inclinarían a favor de los estados gobernados por los republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla.

El caso gira en torno a una directriz que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2021 que puso en pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “grandes amenazas a la seguridad pública”. La orden, aprobada después de que Biden asumió la presidencia, actualizó una medida de la época de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.

El martes, la procuradora general del gobierno, Elizabeth Prelogar, dijo a los jueces que la ley federal “no crea un mandato inflexible para aprehender y expulsar” a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.

Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador en el terreno” que la corte requiriera semejante cosa. El Congreso no le ha otorgado al DHS fondos suficientes para aumentar enormemente la cantidad de personas que detiene y deporta, ha dicho el gobierno.

Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.

El presidente de la corte, John Roberts, fue uno de los jueces conservadores que respondió enérgicamente a los argumentos del gobierno. “Nuestra tarea es determinar qué dice la ley, no si se puede o no aplicar o si existen dificultades, y no creo que debamos cambiar esa responsabilidad sólo porque el Congreso y el ejecutivo no se ponen de acuerdo en algo… No creo que debamos hacerles concesiones”, dijo.

Sin embargo, al momento en que interrogaba a Stone, Roberts dijo que los argumentos de Prelogar eran convincentes.

“Para el ejecutivo es imposible hacer lo que usted quiere que haga, ¿cierto?” preguntó Roberts.

Roberts no quedó del todo satisfecho cuando Stone dijo que el total de personas afectadas sería de entre 60.000 y 80.000.

El juez Brett Kavanaugh dijo que sin importar cuál fuera la cifra, “aún no existen los recursos”.

Por otro lado, los tres jueces liberales de la corte se mostraron de acuerdo con los argumentos del gobierno federal. Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan dejaron claro que creían que Texas y Luisiana, la cual se sumó a la demanda de Texas en contra de la directriz, ni siquiera tenían el derecho de presentar una demanda.

El caso es el ejemplo más reciente de una estrategia republicana de litigio que ha tenido éxito en desacelerar las iniciativas del gobierno de Biden al recurrir a tribunales que favorecen al Partido Republicano. Kagan lo comentó durante los argumentos, señalando que Texas podía interponer su demanda en una corte en donde tuviera garantizada una audiencia favorable y que un juez frenara “en seco una política migratoria federal”.

Los estados señalaron que enfrentarían costos adicionales al tener que detener a las personas que el gobierno federal podría dejar en libertad dentro de Estados Unidos, a pesar de sus antecedentes penales.

Los tribunales federales de apelaciones han llegado a decisiones contradictorias en torno a la orden del DHS.

Previamente, la corte federal de apelaciones en Cincinnati revirtió una orden de un juez de distrito que suspendía la medida en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.

Pero en la otra demanda interpuesta por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó la suspensión de la medida a nivel nacional y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.

En julio pasado, la corte aprobó por votación 5-4 mantener la suspensión de la medida migratoria en todo el país. La jueza conservadora Amy Coney Barrett coincidió con los tres liberales del tribunal en favor de permitir que el gobierno de Biden implementara la directriz.

Al mismo tiempo, la corte indicó que escucharía argumentos sobre el caso a finales de noviembre.

Los jueces tienen muchas interrogantes por resolver: Si los estados deberían tener permitido interponer impugnaciones en primer lugar, si la política viola las leyes migratorias y, de ser el caso, si fue apropiado que el juez de Texas la bloqueara.

En ese último punto, Prelogar dijo que el juez se equivocó al anular la medida, y su argumento cuestionó si los jueces se han estado equivocando durante décadas.

El tema resultó sensible, en particular para Roberts, Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson, los jueces que alguna vez se desempeñaron en la corte federal de apelaciones en Washington que suele anular las políticas que determina ilícitas.

“Bastante radical”, declaró Roberts. “Muy sorprendente”, añadió Kavanaugh. Aunque más mesurado, Jackson también cuestionó la lógica de Prelogar.

“Parece que hay un tipo de cártel del Circuito de D.C.”, bromeó Kagan.

Se tiene previsto que la corte tome una decisión en el caso a finales de junio.

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