El izquierdista superó a Bolsonaro en la elección del 30 de octubre

• El presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, izquierda, su esposa Rosangela Silva, segunda de izquierda a derecha, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, derecha, y su esposa María Lucía Ribeiro avanzan en un automóvil descapotado rumbo al Congreso para la investidura del nuevo mandatario, el domingo 1 de enero de 2023, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/André Penner)

AP

Brasilia, Brasil

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue investido el domingo, y en su primer discurso expresó optimismo sobre sus planes de reconstrucción y prometió que los miembros del gobierno saliente de Jair Bolsonaro rendirán cuentas.

Lula asumió el cargo por tercera vez después de frustrar el intento de reelección de Bolsonaro. Su regreso al poder marca la culminación de un resurgimiento político que fascina a sus simpatizantes y molesta mucho a sus rivales en una nación fuertemente polarizada.

“Nuestro mensaje para Brasil es de esperanza y reconstrucción”, manifestó Lula en un discurso en la cámara baja del Congreso después de firmar el documento que oficialmente lo instala como presidente. “Este gran edificio de derechos, soberanía y desarrollo que esta nación construyó ha sido demolido sistemáticamente en años recientes. Y vamos a encaminar todo nuestro empeño en volver a erigir este edificio”.

La explanada principal de Brasilia era una fiesta el domingo en la tarde. Decenas de miles de simpatizantes ataviados con el color rojo del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, vitoreaban tras su investidura.

También celebraron cuando el presidente dijo que enviará un informe sobre el gobierno anterior a todos los legisladores y autoridades judiciales, revocará los “decretos criminales” de Bolsonaro que relajaron las normas sobre el control de armas, y hará que el gobierno previo rinda cuentas por su negacionismo frente a la pandemia de COVID-19.

“No traemos ningún espíritu de venganza contra los que buscaron subyugar a la nación a sus designios personales e ideológicos, pero vamos a garantizar el imperio de la ley”, declaró Lula, sin mencionar el nombre de Bolsonaro. “Los que erraron responderán por sus errores, con amplios derechos para su defensa dentro del debido proceso jurídico”.

Es improbable que la presidencia de Lula sea como sus dos mandatos previos, luego de la contienda presidencial más reñida en más de tres décadas en Brasil y la resistencia de algunos de sus opositores para que asumiera el puesto, según analistas políticos.

El izquierdista superó a Bolsonaro en la elección del 30 de octubre por menos de dos puntos porcentuales. Durante meses, Bolsonaro había sembrado dudas sobre la confiabilidad del voto electrónico y sus leales seguidores se resistieron a aceptar la derrota.

Desde entonces, muchos de ellos se congregaron en el exterior de cuarteles militares, cuestionando los resultados y pidiéndole a las fuerzas armadas que impidieran que Lula llegara a la presidencia.

Sus partidarios más acérrimos recurrieron a lo que algunas autoridades y miembros del próximo gobierno calificaron de actos de “terrorismo”, lo cual provocó preocupaciones por la seguridad en los actos de la jornada de investidura.

Lula tendrá que navegar condiciones económicas más desafiantes de las que disfrutó en sus dos primeros periodos, cuando el auge global de las materias primas ayudó a que Brasil gozara de prosperidad.

En aquel momento, el programa de bienestar social de su gobierno ayudó a decenas de millones de personas empobrecidas a llegar a la clase media. Muchos brasileños viajaron al extranjero por primera vez. Cuando dejó el cargo tenía un índice de aprobación del 83%.

Desde entonces, la economía del país ha sufrido dos profundas recesiones —la primera durante la presidencia de la sucesora que él mismo nombró: Dilma Rousseff, y la segunda durante la pandemia del coronavirus_, y los brasileños de a pie han sufrido mucho.

Lula ha dicho que sus prioridades son combatir la pobreza e invertir en educación y atención médica. Además, dijo que frenará la deforestación ilegal de la Amazonía. Buscó el respaldo de políticos moderados para formar un frente amplio y derrotar a Bolsonaro, y ha seleccionado a algunos de ellos para que se unan a su gobierno.

En su primer acto como presidente el domingo, Lula firmó un decreto para endurecer el control de armas y fijó un plazo de 30 días para que la Contraloría General evalúe varios decretos de Bolsonaro que pusieron información oficial bajo reserva por 100 años. También firmó un decreto que garantizaba un estipendio mensual para las familias pobres y restableció el fondo para el desarrollo sostenible de la Amazonia, el cual es financiado en gran medida por Noruega.

Claúdio Arantes, un jubilado de 68 años, sostenía una vieja bandera de campaña de Lula mientras caminaba hacia la explanada. Siempre ha sido simpatizante del mandatario. Asistió a su investidura en 2003, y está de acuerdo en que en esta ocasión se siente diferente.

“En ese entonces podíamos hablar de que Brasil estaba unido. Ahora está dividido y no sanará pronto”, dijo Arantes. “Confío en su inteligencia para hacer que este gobierno de unidad nacional funcione para que nunca tengamos a un Bolsonaro otra vez”.

Pero dadas las fisuras políticas del país, es altamente improbable que Lula recupere la popularidad de la que disfrutó en su día, o que su índice de aprobación supere incluso el 50%, indicó Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de Río de Janeiro.

Además, según apuntó Santoro, la credibilidad del nuevo presidente y del Partido de los Trabajadores se vio afectada por una vasta investigación sobre corrupción. Algunos miembros del partido fueron encarcelados, incluido el propio Lula, hasta que sus sentencias condenatorias fueron anuladas por cuestiones procesales. El Supremo Tribunal Federal determinó entonces que el juez que presidía el caso se había aliado con la fiscalía para garantizar que se le declarara culpable.

Lula y sus partidarios han sostenido que fue una víctima. Otros estaban dispuestos a pasar por alto cualquier posible ilícito para sacar a Bolsonaro del poder y volver a unir el país.

“Siempre quise ir a la investidura, no pensé que tendría la oportunidad de ver a Lula ahí después de que fue encarcelado”, comentó Tamires Valente, de 43 años, un mercadólogo de Brasilia. “Me siento muy emocionado, Lula se merece esto”.

Pero los partidarios de Bolsonaro se niegan a aceptar que alguien a quien consideran un delincuente vuelva al cargo más importante del país. Y con la tensión tan alta, una serie de eventos habían despertado el miedo a que la violencia pudiera estallar el día de la investidura.

El 12 de diciembre, docenas de personas trataron de allanar un edificio de la policía federal en Brasilia, y quemaron autos y autobuses en otras partes de la ciudad. En Nochebuena, la policía arrestó a un hombre de 54 años que admitió haber fabricado una bomba que fue hallada en un camión de combustible que se dirigía al aeropuerto capitalino.

Había estado acampando frente al cuartel general del ejército en Brasilia con cientos de otros seguidores de Bolsonaro desde el 12 de noviembre. Según contó a la policía, estaba listo para la guerra contra el comunismo, y planeó el ataque con gente que conoció en las protestas, de acuerdo con los extractos de su declaración publicados por la prensa local.

Bolsonaro condenó finalmente el plan de la bomba en su discurso de despedida el 30 de diciembre en redes sociales, horas antes de volar rumbo a Estados Unidos. Su ausencia en la toma de posesión rompió con la tradición?.

En lugar de Bolsonaro, un grupo que representa a diversos segmentos de la sociedad desempeñó el papel de entregarle a Lula la banda presidencial en la rampa del palacio de Planalto. En el mar de gente ante el palacio, algunos de sus partidarios extendieron una bandera brasileña enorme encima de sus cabezas.

Hablando ante los reunidos, Lula mencionó déficits en los fondos del gobierno que afectarán al pueblo brasileño. Señaló que, según el informe del equipo de transición sobre el gobierno de Bolsonaro, no se han impreso libros de texto para escuelas públicas, no hay suficientes vacunas contra el COVID-19 y medicamentos gratuitos, existe el riesgo de tener que cerrar universidades y las autoridades de defensa civil no pueden trabajar para prevenir desastres.

“Quien paga el precio de esta laguna es, una vez más, el pueblo brasileño”, manifestó, a lo que los reunidos rápidamente respondieron con el grito: “¡No amnistía! ¡No amnistía! ¡No amnistía!”.

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