Disturbios. En la región de Puno, al sur del país sudamericano, una turba quemó la comisaría del distrito de Zepita e incendió un puesto aduanero en Desaguadero.

• Soldados se enfrentan con manifestantes antigubernamentales afuera del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón ayer, en Arequipa, Perú.  ap/

AFP

Lima, Perú

Nuevos enfrentamientos en regiones del norte y sur de Perú se produjeron este viernes en medio de nuevas manifestaciones en Lima contra la presidenta Dina Boluarte, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre.

Los choques se concentraron en las regiones La Libertad (norte), Arequipa y Puno (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.

En la región de Puno, una turba quemó la comisaría del distrito de Zepita e incendió un puesto aduanero en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, informó la televisión local.

En Arequipa, segunda ciudad de Perú, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.

En tanto, miles de manifestantes desfilaban desde la tarde por Lima coreando a viva voz: “¡Dina asesina!”,”¡Esta democracia no es una democracia!, ¡Dina el pueblo te repudia!”.

Con una bandera de Yunguyo (pueblo al borde del lago Titicaca en la frontera con Bolivia) a la espalda y ataviada con un sombrero de paja blanco, Olga Mamani, de 50 años, afirma: “Queremos la renuncia de Dina. Si ella no renuncia, el pueblo no estará en paz”.

“La hoja de coca nos da fuerza para esta lucha que hemos iniciado, queremos que renuncie Dina y se cierre el Congreso (…) vamos a estar acá hasta las últimas consecuencias”, dice de su lado Antonio Huamán, un campesino de 45 años con el rostro surcado, que llegó desde Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre.

El gobierno declaró el jueves el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para controlar el orden público. Los disturbios se han cobrado 45 vidas -44 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso.