- Mirna Ortiz, cuando explicaba supuestas contradicciones en el caso Odebrecht, con relación a Díaz Rúa y Ángel Rondón. Foto
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, separó a la imputada Rosa Antonina Disla del proceso seguido a los demás implicados en el caso debido a su estado de salud.
La magistrada tomó la decisión al acoger un pedimento presentado por Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien alegó que el estado de salud de la imputada podría retardar el proceso penal.
Ante la decisión del tribunal, el abogado de la imputada, doctor Félix Humberto Portes Núñez, interpuso un recurso de oposición para que el proceso de su cliente fuera conocido conjuntamente con los demás encartados.
Empero, la jueza Yanibet Rivas, rechazó dicho recurso, ordenando la continuación del juicio preliminar, a lo que uno de los abogados de un imputado en el proceso, recusó a la magistrada, dejando este fijada la audiencia para el 3 de febrero.
De igual forma, la jueza dispuso el envío del expediente a la presidencia de las Cámaras Penales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si la confirma o en su defecto designe otro en su lugar.
Previo a desglosar a la imputada Antonina Disla del expediente, la jueza envió un médico legista al hospital donde se encuentra ingresada, para investigar cuál era su estado real de salud.
Disla, quien es madre de uno de los señalados en el caso, Rafael Núñez de Aza, fue intervenida quirúrgicamente en uno de sus hombros, según confirmó su abogado defensor, Félix Porte.
Mirna Ortiz, al motivar al tribunal la separación de la imputada del proceso, señaló que la semana pasada Disla presentó problemas de salud durante la audiencia, por lo que hubo que sacarla de emergencia.
Con las operaciones Coral y Coral 5G, que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Además del mayor general Adán Cáceres Silvestre, entre los imputados de la Operación Coral figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
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