Gonzalo Mejía A.

Santo Domingo

Aprovechando el momento de que nuestro honorable Congreso se haya enfangado en el conocimiento de proyectos importantes que motivaron la prórroga legislativa, tales como el Sistema Electoral, el Fideicomiso Gubernamental, el C6digo Penal, entre otros, se introduce subrepticiamente en la Cámara de Diputados el conocimiento de un Proyecto de Ley General de Deportes, aprobado, con inusitada eficiencia, en dos lecturas consecutivas.

Lo inverosímil de esta nueva iniciativa es que viene, básicamente, del mismo sector gubernamental y olímpico que parieron unilateralmente la aberrante Ley 356-05, a pesar de las advertencias de lugar. Esos funcionarios del sector público y olímpico son fácilmente identificables por los periódicos de la época y alegan ahora, para justificar el nuevo proyecto, que su engendro inicial resultó ineficiente e inaplicable.

En esta nueva embestida que a todas luces enterrará definitivamente una organización deportiva que responda al fortalecimiento del deporte nacional con sus características propias afines al deporte Internacional, dichos funcionarios se refuerzan con grupos económicos que tratan de limpiar su proceder ancestral de su modus operandi econ6mico, sin que le cueste recursos propios, bajo el disfraz de mecenazgo.

De hecho, en el nuevo proyecto de ley figura un capítulo entero (VII), dedicado al tan cacareado mecenazgo que consta de ocho artículos (37 al 44) con sus respectivos párrafos. Esos grupos econ6micos también son fácilmente identificables por su campana periodística en ese sentido.

Pasando a analizar la parte más alienante de ese proyecto de ley de deportes, que justifica plenamente el título de este escrito, iniciamos con el Capítulo II del Proyecto de Ley General de Deportes aprobado por la Cámara de Diputados, sobre el Consejo Nacional de Estrategia Deportiva (CONED).

En esta nueva versión, se varia radicalmente la naturaleza de dicho organismo, al quitarle todas sus atribuciones, circunscritas, básicamente, a trazar la política deportiva, supervisar el cumplimiento de esa política y las relaciones con entes deportivos privados; y en su lugar relegándolo a ser un 6rgano consultivo, asesor y de apoyo técnico, adscrito al Ministerio de Deportes, convocado por el Ministro cuando este lo considere necesario.

En otras palabras, el CONED sería ahora un organismo sin atribuciones específicas de asesoramiento, convocado cuando lo considere necesario el Ministro de Deportes de turno, es decir, no existe, es un natimuerto.

Con este cambio de naturaleza del Consejo de Deporte, el titular del Ministerio de Deportes planificará y ejecutará la política deportiva a su antojo, como siempre lo ha hecho, antes violando la ley y en lo adelante respaldado por la ley; básicamente, legalizando la ilegalidad sempiterna en la que históricamente se ha manejado dicho funcionario.

La composición de este nuevo consejo no vale la pena comentarla porque nunca se reunirá, ya que no tiene atribuciones. Si llama la atención que fueron sacadas las federaciones deportivas de ese mamotreto.

En todos los países democráticos existe un consejo de deporte, autónomo, adscrito al Ministerio o Dirección de Deporte, que se encarga de la planificación de la política deportiva, supervisa su ejecución y organiza las estructuras privadas. Dicho consejo es usualmente designado por el Poder Ejecutivo quien designa un presidente o director ejecutivo y concejales de todos los sectores que tengan incidencia en el quehacer deportivo.

De ser aprobado y promulgado el proyecto de Ley General de Deportes como está presentado, se estaría sancionando, evidentemente, una ley desmesurada y aberrantes que choca con nuestra Constitución. En todo estado democrático la función del Estado es de gestión y no de control; esto último se delega en instituciones autónomas o autárquicas que vigilan precisamente que los encargados de la gestión lo hagan de forma adecuada.

Este proyecto de ley dejaría en manos exclusiva del titular de Deporte la totalidad del quehacer deportivo nacional, convirtiéndolo en un verdadero autócrata. En el argot popular peloteril se conoce como dueño, manager, jugador y novio de la madrina del equipo.

En nuestro país existen precedentes de consejos autónomos adscritos al ministerio correspondiente que básicamente trazan la política del sector y supervisan su cumplimiento. Tal es el caso de la Ley General de Educación 66-97 y la Ley General de Salud 42-01.

A mi putativa familia federativa, por la cual he pasado toda una vida, desde atleta hasta las más altas posiciones dirigenciales nacionales e internacionales y estudios de temas deportivo por más de 65 años, me siento con la obligación moral de advertirles que con esa nueva Ley de Deportes las federaciones pierden la esencia de su existencia, todo controlado a la voluntad política del Ministro de Deportes de turno, no solamente en su aspecto administrativo sino también en el técnico deportivo, perdiendo el control de su bien más preciado, los atletas, y quitándole las atribuciones básicas consagradas en el derecho internacional deportivo.

A los amigos del Comité Olímpico les recuerdo su Carta Olímpica donde se establece los principios fundamentales del olimpismo específicamente el Artículo V, que establece textualmente “como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del

Derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza”.

De igual forma, el articulo VI de dicha Carta Olímpica, que estable textualmente: “cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en consideraciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo es incompatible con la pertenencia al Movimiento Olímpico”.

Y, más aún, el articulo VII de dicho instrumento, que copiado textualmente indica: “la pertenencia al Movimiento Olímpico exige ajustarse a la Carta Olímpica y contar con el reconocimiento del COI”.

Esta reflexión es en ánimo de que los actuantes de este genocidio deportivo no aleguen posteriormente ignorancia de su actuación y asuman la responsabilidad de sus hechos. Lo mismo va para los dirigentes deportivos que apoyan esa barbaridad.

Me aboco a esta tarea con el pleno conocimiento de que, lamentablemente, la mayoría de nuestros dirigentes políticos y dirigentes deportivos actúan no en beneficio del bien común, sino de acuerdo a su conveniencia particular del momento, por lo que no tengo dudas que será aprobado este instrumento que enterrará definitivamente nuestra organización deportiva. Sin embargo, no puedo ni quiero ser cómplice por omisión de tan doloroso deceso.

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