Manuel Figueroa

Santo Domingo, RD

La inacción de la comunidad internacional ante la crisis que se vive en Haití ha dejado al gobierno del presidente Luis Abinader, con la única estrategia viable de un  pacto interno con el liderazgo nacional, para defender y proteger la soberanía de República Dominicana.

El llamado a consenso entre los diferentes sectores del país ya había sido aireado en múltiples ocasiones, pero fue dejado de lado al imponerse como principal demanda el reiterado pedido en todos los cónclaves extranjeros, de la intervención de una fuerza armada internacional en Haití.

Esta posición cobró fuerza cuando en octubre pasado el primer ministro de Haití, Ariel Henry, también pidió en un discurso televisado, ayuda militar a la comunidad internacional, “para hacer frente a tan increíble crisis humanitaria”.

Además, el secretario general de las Naciones Unida, Antonio Guterres, a seguida instó  a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU, a considerar el “despliegue inmediato de una fuerza armada internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria” en Haití.

Guterres había propuesto también en octubre que uno o varios países aportaran con “una fuerza de acción rápida”, para ayudar en tareas de seguridad a la policía haitiana en medio de la escalada de violencia y las acciones de bandas armadas.

El 21 de diciembre la jefa adjunta de la ONU, Amina Mohammed, instó a los países a considerar urgentemente la solicitud de Haití de una fuerza armada internacional especializada, para ayudar a restablecer la seguridad en el Estado caribeño y aliviar su crisis humanitaria.

Mientras el embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez, también insistió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reunido el 24 de enero, que Haití no podía seguir esperando a esa fuerza armada internacional, debido a la grave situación que enfrentaba el país.

Se aleja intervención

En el encuentro también el canciller Roberto Álvarez, alertó que la crisis y la falta de estabilidad en Haití, representaban una amenaza para República Dominicana, destacando que frente a la imposibilidad de formalizar un adecuado manejo de la gestión fronteriza con responsabilidad compartida, ese espacio se había convertido en una fuente de problemas.

Citó entre esas cuestiones la trata de personas, el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, así como el contrabando de mercancías, flagelos que dijo, el gobierno dominicano combate a capa y espada con ayuda de sus socios internacionales, pero bajo condiciones cada día más difíciles. “La gobernanza de una frontera de esta naturaleza resulta prácticamente inmanejable”, expresó.

Ese mismo día el presidente Abinader se quejó en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Argentina, que no se había respondido todavía al llamado para crear una fuerza militar robusta que permitiera enfrentar la situación de violencia en Haití, mientras reiteraba por enésima vez que la solución de ese grave problema no está en manos de los dominicanos.

El plan de EE.UU.

En la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU la posición diplomática de Estados Unidos envió una señal evidente de que, antes que una intervención de fuerzas militares en Haití, privilegiaba los esfuerzos que impulsa esa nación orientados a facilitar las condiciones políticas que conducirían a que haya elecciones libres y justas.

Su misión ante las Naciones Unidas, representada por el embajador Robert Wood, lo planteó en la reunión del Consejo de Seguridad el 24 de enero pasado, donde valoró el papel de ese organismo, que mediante el establecimiento de un régimen sancionador ha  persuadido a quienes estaría dispuestos a perpetrar y financiar hechos de violencia que generan inestabilidad en Haití.

“Nos resulta alentador que un espectro amplio de actores políticos, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, asociaciones comerciales y otros actores pudieran congregarse con el fin de consensuar los pasos necesarios para que Haití avance en la organización de elecciones libres y justas”, advirtió también.

Y agregó: “Reconocemos la necesidad de apoyar que haya reformas institucionales además de responder a las necesidades humanitarias y de seguridad inmediatas de Haití. A través del plan de 10 años previsto en la Ley de Fragilidad Global (Global Fragility Act), Estados Unidos se propone abordar las causas subyacentes de la inestabilidad, partiendo de la reforma del sector de justicia y, al mismo tiempo, abordando la participación cívica y las oportunidades económicas.

También instamos a las naciones socias a que contribuyan al Fondo Colectivo, en vista de la necesidad acuciante de cambiar la situación de seguridad en Haití. El tiempo es un factor clave para revertir el grave clima de seguridad en Haití. Si no mejora la seguridad, no será posible progresar en los frentes político, económico y humanitario.

Ya representantes en Haití de la ONU, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y un grupo de seis embajadores de Estados Unidos, Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá ( el llamado Core Group) respaldaron este sábado a Ariel Henry como primer ministro.