Javier Flores

Santo Domingo, RD

En el transcurso de la maratónica audiencia de conocimiento de medida de coerción del caso Calamar, la defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, tomó un tiempo para comparecer ante la jueza del primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero.

Luego de hacer uso de la palabra, los tres abogados que componen la defensa del también exministro de Obras Públicas y Comunicaciones salieron de la sala de audiencias y tomaron turnos para hablar con los medios de comunicación.

La primera fue la abogada Laura Acosta quien dijo que el domingo se presentaron pruebas de que su defendido salió con deudas por 5 mil millones pesos al terminar su gestión pública.

“Presentamos cómo entró Gonzalo con deudas por 40 millones de dólares y sale con deudas por 5 mil millones, un funcionario público al que no se le puede atribuir haberse enriquecido ilícitamente porque lo que hizo en la función pública fue endeudarse”, dijo la abogada.

Uno de los elementos de prueba que sometió la barra de la defensa de Castillo fue un vídeo mostrando la imposibilidad de ingreso de una camioneta F150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo, con lo que aseguran pueden desmontar el testimonio de uno de los implicados que dijo haber ingresado con grandes cantidades de dinero para entregárselas al anterior candidato presidencial del PLD.

“El Ministerio Público dice que un chofer declaró entrar en una camioneta F150 al parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo Castillo y nosotros presentamos un video de una camioneta F150 intentando entrar al parqueo y no entra. O sea que es una cuestión material: es imposible que una camioneta F150 entre en el parqueo soterrado de la oficina de Gonzalo. Está mintiendo el testigo del Ministerio Público evidentemente porque a él no le cuadra y quiere tirarle encima todo el dinero que él reconoce que cogió, se lo quiere tirar encima a Gonzalo”, señaló Acosta.

Otra de las cosas que cuestionó es el relato de unos camiones blindados, que supuestamente llevaban dinero en grandes cantidades.

“No tiene que ver con Gonzalo Castillo, el Ministerio Público alega que esos camiones van a un inmueble que este Ministerio Público que investiga tanto y tan bien nunca ha averiguado de quién es esa casa”, añadió la jurista.

Laura Acosta dijo que pidieron la libertad pura y simple de su defendido. Y que en caso de que la magistrada considerare que fuera necesaria alguna medida de coerción, le pidieron que sea colocada impedimento de salida.

“Presentamos todas las matriculas de las aeronaves de la empresa de la que es socio y entregamos el pasaporte original y le dijimos no procede la prisión pero si usted entiende que procede, las medidas menos gravosas aseguraran su presencia en el proceso…demostramos que no va a salir corriendo de la República Dominicana para sustraerse al proceso en el que él, el día que fue arrestado fue al Ministerio Público, habló con el Ministerio Público, nos fuimos y regresamos 2 horas después con un bultico. Una persona que se quiere ir del país no regresa con un bultico teniendo 37 aeronaves a su disposición”, agregó la profesional del derecho.

Después, el abogado Nassef Perdomo expresó que personas que colaboraron con el Ministerio Público dijeron cosas “distintas e incompatibles” con los señalamientos que realiza el órgano acusador a su cliente.

Perdomo señaló que estas declaraciones de 10 de los encartados en este caso genera un problema para el Ministerio Público, debido a que son incompatibles con la documentación de más de 2 mil páginas que presentó la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De igual forma, explicó que la barra de la defensa de Castillo desmontó sistemáticamente todas las pretensiones del Ministerio Público, al tiempo de asegurar que su cliente no representa peligro de fuga.

“Gonzalo tiene décadas trabajando, todas sus empresas están en República Dominicana, en los últimos 2 años, sabiendo que estaba siendo investigado, salió del país en dos ocasiones y en ambas ocasiones pidió permiso al Ministerio Público, de modo que no hay peligro de fuga”, indicó Perdomo, al tiempo que agregó que el Ministerio Público sostiene que todo este entramado fue con el objeto de facilitarle a Gonzalo tener éxito en su campaña preelectoral y electoral, por lo que no entienden por qué está acusado.

Mientras que el otro de los abogados manifestó las declaraciones de varios de los implicados han favorecido a su cliente.

“Hay uno de ellos específicamente que a nosotros nos beneficia, nos encantó esas declaraciones y fue un señor que declaró que en el 2015, cuando Gonzalo ni pensaba ser candidato, ya él había ido a una oficina y lo pusieron a firmar unos documentos y dijo que había ido a la oficina del señor Lockward, pero nunca mencionaron ninguna de esas 10 personas a Gonzalo”, expresó Luis Rivas.

Rivas agregó que la persona que hizo esas declaraciones fue Marcial Reyes, quien de acuerdo con las autoridades se asoció con la supuesta estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano, reclamando el pago de una porción terreno del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), alegando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor del exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

“Lo importante aquí es que, con la audiencia de hoy (domingo), se desmorona la teoría del Ministerio Público”, exclamó Rivas.

Castillo es imputado como una de las principales cabezas del caso Calamar, que la Procuraduría tenía bajo investigación los últimos dos años. Este domingo, en el conocimiento de la medida de coerción contra los 20 implicados, además de las defensas de Gonzalo Castillo, presentaron sus alegatos de defensa las del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

El pasado viernes Ángel Lockward y Roberto Santiago Moquete Ortiz, así como Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público de cooperar y admitir los hechos que se le atribuye.

La audiencia fue recesada alrededor de las 10:30 de la noche del domingo para el lunes a las 10:00 de la mañana, con tres implicados pendientes por testificar; de acuerdo con varios de los abogados, la intención es que mañana la jueza Romero indique cual será su decisión con relación a las medidas de coerción que otorgará.