Perú 

Parada desde hace cinco días en el desierto junto a una carretera y bajo el fuerte sol, la venezolana Rosmary Morales miraba el viernes con impotencia la muralla de policías peruanos de un lado y chilenos del otro.

Quiere salir de Chile porque tiene los documentos vencidos y el costo de vida se ha vuelto inalcanzable para sus modestos ingresos. Pero la mujer, nacida en el estado venezolano de Zulia, nunca imaginó sentirse tratada como “un perro”.

“Muchas madres ahí, con niños, con gripe, fiebre, con diarrea, con vómitos constantes, deshidratados, sin poder comer un buen almuerzo, sin bañarnos”, describió con amargura a The Associated Press la mujer de 45 años y cuya hija estudiaba en una universidad chilena.

Entonces pensó en voz alta y buscó un motivo para la actitud de las autoridades migratorias de ambos países. “A lo mejor ellos tienen esa conducta porque hay venezolanos que a lo mejor han hecho mal, pero no podemos generalizar… hay personas honestas, trabajadoras, que salimos a dar el todo por el todo, no todos salimos a dejar mal parado a Venezuela”, dijo.

Las declaraciones de Morales se produjeron mientras Perú analiza con Chile y Ecuador la posibilidad de crear un corredor humanitario para los cientos de migrantes venezolanos, colombianos y haitianos varados desde hace dos semanas en la línea de la frontera chilena-peruana.

Periodistas de The Associated Press presenciaron que antes del mediodía funcionarios migratorios peruanos llevaron a poco más de medio centenar de mujeres y hombres extranjeros con hijos pequeños hasta la oficina peruana de Santa Rosa, donde se iba a examinar cada caso de forma individual para decidir si entran o no a territorio peruano.

Un funcionario peruano, que no dio su nombre por no estar autorizado para declarar, dijo por teléfono a la AP que en la oficina peruana de Santa Rosa, se encontró el caso de un padre de familia migrante que tenía una orden de captura en Chile por lo cual fue detenido por las autoridades chilena que trabajan en la oficina peruana debido a un convenio de control integrado desde 2017.

El ministro del Interior chileno subrogante, Manuel Monsalve, anunció el viernes que el gobierno instalará puntos de atención del Registro Civil en la zona para enrolar a los inmigrantes irregulares que quieran salir del país y que se pueda “registrar su huella, su rostro y su nombre”.

Enfatizó que corresponde al gobierno garantizar que “tampoco estén saliendo de Chile personas que han cometido delitos”.

Las personas varadas en la frontera carecen de documentos, razón por la que Perú no permite su ingreso a su territorio.

Monsalve agregó que se busca resolver la actual crisis migratoria en su frontera con Perú y crear un corredor humanitario “para las personas que quieren salir” de Chile para “volver a su país”.

El ministro y otras autoridades viajaron a Arica para buscar resolver la situación. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, declaró que prosigue un diálogo “fructífero” con Perú para crear el corredor humanitario, aéreo o terrestre, pero no precisó la fecha en que se realizará.

Enfatizó que para concretar el corredor “se requiere la voluntad de otros países, particularmente de aquellos lugares donde quieren volver”, dijo en alusión a Venezuela, de donde provienen la mayoría.

El ministro del Interior peruano Vicente Romero dijo a la radio local RPP que se examina la posibilidad de abrir “albergues temporales” de tal manera que poco a poco las personas que desean regresar a su país, una vez que ya se establezca este corredor humanitario, se les va a llevar como debe ser”.

Los migrantes que no pueden avanzar a Perú enfrentan el clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, con calor durante el día y frío intenso por la noche. Algunos improvisaron carpas con mantas, pero carecen de agua y servicios básicos.

Perú reforzó la vigilancia de su frontera con Chile con 390 policías y en una segunda línea de apoyo se ubicó a 300 soldados.

Las razones por las que los inmigrantes indocumentados dejan Chile son variadas, entre ellas el alza del costo de vida, la falta de empleo y las dificultades para arrendar una vivienda por falta de documentos, según el Servicio Jesuita a Migrantes, organización chilena que protege los derechos de los migrantes.

A lo anterior se sumó un instructivo de la Fiscalía Nacional chilena del 10 de abril que ordena pedir la prisión preventiva de chilenos y extranjeros detenidos por algún delito y que no pueden acreditar su nacionalidad con un documento chileno.

El instructivo fue emitido pocas horas después del asesinato de un policía chileno presuntamente por cuatro venezolanos indocumentados. El último de ellos fue detenido la víspera en el norte de Chile.

Tanto en Perú como en Chile los legisladores buscan endurecer el trato a los migrantes.

Una comisión de diputados chilenos aprobó esta semana un proyecto que busca tipificar como delito la inmigración irregular y que propone penas de cárcel desde 61 a 541 días. Ahora será tramitado en el pleno de la cámara baja y luego en el Senado.

En Perú, el legislador José Jerí, del partido Somos Perú, propuso la víspera un proyecto de ley para encarcelar por hasta 10 años a los extranjeros que ingresen de forma ilegal, mientras el legislador ultraderechista de Renovación Popular, Jorge Montoya, pidió “proteger legalmente” al personal de control fronterizo peruano para, si es necesario, “disparar” a los migrantes. El miércoles la mandataria peruana Dina Boluarte responsabilizó a los migrantes, sin ninguna distinción, de cometer “actos delincuenciales” en el país.