La iglesia Católica y la Evangélica, el Defensor del Pueblo y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, respaldaron que se adopten medidas para solucionar el problema de la alta tasa de hacinamiento y de presos preventivos en las cárceles de país.

Los dignatarios apoyaron la propuesta de que sean enviados a sus casas los privados de libertad enfermos, envejecientes y discapacitados, y a quienes se les haya vencido el período de coerción que les fue impuesta, al igual de que se elimine la mora judicial.

El obispo de la diócesis de La Altagracia, Jesús Castro Marte, planteó que urge dar una firme solución humana y jurídica al drama creciente de los enfermos psiquiátricos encarcelados“Ante la propuesta del @ListinDiario, debemos priorizar las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal, privado de libertad pueda vivir sus últimos días en condiciones lo más adecuadas posibles, luego de una seria y minuciosa evaluación, por distintos profesionales”.Monseñor Jesús Castro Marte Obispo de La Altagracia

Manifestó que las normas procesales y penales no obligan que los encarcelados enfermos mentales permanezcan con el resto de la población detenida.

Sostuvo que el humanismo cristiano llama hoy a los sectores responsables del manejo del sistema carcelario para que se otorguen indultos humanitarios a privados de libertad que padecen enfermedades terminales.

CODUE

El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen, dijo que es partidario de que se haga una revisión de todos los recintos carcelarios, para que personas que padecen de enfermedades mentales y terminales sean recluidas en sus hogares.

Sostuvo que constituye un trato inhumano y de falta de conciencia de las autoridades dejar que permanezcan en prisión enfermos mentales y terminales.

Sostuvo que de manera sistémica por años no se le ha puesto atención a los privados de libertad, principalmente a quienes padecen de enfermedades.

“Aquí hay que abocarse a una revisión profunda de la condición de los privados de libertad, porque hay una gran tasa de personas que son almacén de hombres vivos, de manera infrahumana, que en el tiempo que estamos viviendo, no debería existir personas así, aun los que violan la ley”, declaró en entrevista telefónica.

Lacen propugnó porque la justicia sea para una reforma del ser humano, y no para una denigración de sus derechos totales.

El dignatario evangélico cuestionó que los centros de reclusión estén muy congestionados, lo cual estima representa también un costo para el Estado.

Sugirió la presencia de mediadores de conflicto en los tribunales, a fin de que evalúen los casos y solo sean enviados a prisión aquellos que lo ameriten, porque no están acusados de delitos graves o que tengan una patología médica.

Subero Isa

El expresidente de la Suprema, Subero Isa, percibe que los jueces, en un afán populista, están haciendo un uso abusivo de la privación de la libertad, como medida de coerción.

Indicó que esa medida debe ser la última a la que el juez debe recurrir, por ser la libertad el estado natural del ser humano.“Desde el principio me alineé con la posición fijada tanto en sus editoriales como en sus reportajes”.Jorge Subero IsaExpresidente de la Suprma Corte

En un escrito vía correo electrónico, a solicitud de Listín Diario, el jurista deploró que a pesar de los esfuerzos realizados, todavía no se haya encontrado la cura a la mora judicial, que definió como el “viejo mal de la administración de justicia” y “una enfermedad que corroe el cuerpo social de la República Dominicana”.

“Esta circunstancia ha derivado en que nuestras cárceles se encuentran abarrotadas de personas no tan solo que padecen de enfermedades, algunas de ellas terminales, sino de privados de libertad que han permanecido en ese estado más allá de lo que razonablemente deberían estar y tal vez más allá de lo que pudieran ser condenados por los jueces que han de conocer el fondo de sus casos.”, expresó Subero Isa.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo planteó que el sistema demanda de mayor responsabilidad de los operadores, a fin de resolver el problema de la sobrepoblación de presos preventivos.

Pablo Ulloa favoreció la propuesta hecha por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que plantea una mesa de diálogo sobre la crisis de presos preventivos.

“Necesariamente tiene que haber una mesa de control donde el Poder Judicial, ministerio público y otros actores sean responsables y asuman la eficiencia como objetivo.”, sugirió.

El Defensor del Pueblo fijó su posición sobre el problema carcelario en una carta que remitió al director Miguel Franjul, a propósito del trabajo periodístico publicado el pasado jueves titulado “Reclaman liberar presos enfermos”.

Ulloa resaltó las acciones que impulsa el Defensor del Pueblo en beneficio de las personas restringidas de su libertad.

Recordó que junto con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) realizaron un encuentro de colaboración y planificación, con la finalidad de dotar a más de 25,000 presos con un seguro médico subsidiado.

Ulloa enfatizó que cree firmemente en la necesidad de un seguro médico para todos los reclusos, el cual ha sido una preocupación latente desde que inició su gestión en el Defensor del Pueblo.

Destacó que un equipo de trabajo de la institución realizó un estudio socioeducativo y criminológico a los privados de libertad de los centros penitenciarios a nivel nacional.

Indicó que con este estudio que realizaron han podido recopilar cifras claras de la situación de salud de los internos en los centros penitenciarios.

Sostuvo que esa colaboración con SeNaSa y la DGSPC significa un hito con miras a salvaguardar el derecho a la salud que establece la Constitución y forma parte de la misión institucional del Defensor del Pueblo como garante de los derechos fundamentales.

Adelantó que dentro de las próximas acciones figura la generación de boletines de alerta, para que las unidades correspondientes puedan tenerlos como herramientas para actuar ante casos de violaciones de derechos humanos y fundamentales, acorde con la misión que la asigna la constitución y la ley.

Recientemente, el Defensor del Pueblo abogó por la aprobación de una ley de indultos que permita evaluar y dar salida a muchos casos de reclusos afectados por enfermedades terminales y propias del hacinamiento en las prisiones.

“Hay una realidad lacerante”, expuso Ulloa en un comunicado de prensa. Y explicó que existe una sobrepoblación en las cárceles, sin una medida inmediata para solucionar el problema.

Estimó propicia una ley de indultos que permita “analizar cada caso para conseguir descongestionar los centros carcelarios”.

Capacitación

Ayer, en un comunicado de prensa, el Poder Judicial informó que diferentes actores del sector justicia participan en un plan de capacitación, en el marco del Programa de Optimización del Proceso Penal, con el objetivo de procurar nuevas formas de abordajes de las problemáticas del sistema de justicia penal, con enfoque especial en los más vulnerables.

En las capacitaciones, que se realizan en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), participan jueces, servidores judiciales, miembros del ministerio público, defensores públicos, representantes de la comunidad jurídica y de la sociedad en sentido general.

Indica que ese plan contempla formar a 1,542 actores del sistema en el 2023.

“El programa formativo aborda temas relativos a las medidas de coerción y su impacto en el sistema de justicia penal; los plazos procesales y su impacto en la duración del proceso penal; salidas alternativas y gestión con enfoque en la dignidad de personas vulnerables”, precisa el comunicado.

Puntualiza que a mediados de 2022, el Poder Judicial convocó a diferentes actores del sistema de justicia para socializar ese programa, con el objetivo de evaluar el servicio de justicia procesal penal.

Precisa que otras de las finalidades es adoptar medidas que aporten a la eficiencia de un servicio oportuno de justicia, respetando la independencia funcional y el Estado de derecho.

Explica que el programa reviste especial importancia e interés sobre el rol de los actores dentro del sistema de justicia, ya que va en consonancia con la normativa procesal penal vigente, enfocada en la dignidad de las personas.

Expone que el programa fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de Personas en Condición de Vulnerabilidad, liderada por los magistrados de la Suprema Corte, María Garabito y Fran Soto. Puntualiza que busca rediseñar el modelo operacional de la jurisdicción penal de adultos y de adolescentes, a través de la organización de los tribunales, sus unidades de apoyo y la adecuada interconexión con los procesos que ejecutan otros actores del sistema de justicia.

Subraya que también busca mayor eficiencia operativa para reducir tiempos de respuesta y cumplimiento de plazos legales, fortalecer la transparencia e integridad, proteger la dignidad de los usuarios y asegurar una justicia restaurativa.

Editorial periódico La Información

El periódico La Información, que se edita en Santiago, también se solidarizó con el llamado a una mesa de diálogo a los actores del Poder Judicial, del Ministerio Público, Penitenciario y la Defensa Pública, que hizo la Finjus en el Listín Diario, a fin que sea resuelto el problema de hacinamiento de las cárceles producto del cúmulo de presos preventivos y enfermos.

En su editorial del 26 de mayo, La Información sugiere que una primera decisión que hay que tomar y que puede surgir del diálogo propuesto por la FINJUS, es proseguir con la reforma penitenciaria hasta convertir todas las cárceles en modelo, porque esa metodología ha demostrado mayor eficacia y trato humano, y una mayor capacidad de regeneración de los privados de libertad que son liberados luego de cumplir su condena.

Propuso también, que se le debe buscar solución a la población de reclusos preventivos, mediante la aceleración de sus procesos, así como con la condonación de la pena para aquellos que se encuentran enfermos o enfermas en fase terminal, coincidiendo con la línea editorial de

“El problema carcelario dominicano constituye una vergüenza reveladora de la indiferencia, la ineficacia del Estado y la insistencia en las prácticas de la corrupción, las cuales gravitan en el permanente problema penitenciario y que impiden el abordaje de la solución de ese problema.”, señaló ese medio de comunicación.