Anunció que propondrá algún proyecto de ley, para que haya una ley especial para resolver todo ese tema, no solamente de la sobrepoblación
El presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, consideró que no deben estar recluidas todas aquellas personas que infringen la Ley por consumo de drogas, sobre todo lo que es consumidor.
Rodríguez dijo que la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, establece que una comisión penitenciaria o comisión multisectorial debe evaluar esos privados de libertad y remitir a Hogares Crea u otro centro de reinserción.
El legislador habló en esos términos al referirse a las declaraciones de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta Peralta, que favoreció un abordaje distinto a la represión para personas por el uso problemático de drogas, a fin de encontrar “alternativas que les permitan reivindicar en la sociedad y la familia”.
Rodríguez Restituyo dijo que en los centros penitenciarios del país se encuentran recluidos unos 4,500 internos por infracciones relacionadas con el uso problemático de drogas.
“Yo que creo que es una buena declaración que provenga de uno de los miembros del Poder Judicial, entonces es un hecho interesante de que los jueces empiecen a tomar conciencia para que pueda resolverse ese tema”, adujo el diputado.
Cuestionó el hecho de que en la cárcel de Najayo se inaugura un pabellón para los enfermos mentales, cuando estos no deben estar recluidos en ninguna prisión, ya que el artículo 130 y 189 del Código Penal lo prohíbe.
Anunció que propondrá algún proyecto de ley, para que haya una ley especial para resolver todo ese tema, no solamente de la sobrepoblación. “Ese es un tema, el tema penitenciario que nosotros como presidente de la comisión permanente de los derechos humanos tenemos que resolver”.
Acosta Peralta insistió en que los ciudadanos privados de libertad merecen una oportunidad para reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida y que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando.
“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien a la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada.
