“Tenemos una ley insuficiente, contradictoria, ineficaz; una ley que se agotó, una ley que no permite generar mayores niveles de eficiencia en las contrataciones”, afirmó Pimentel, al participar en un conversatorio con representantes de la Unión Nacional de Empresarios (UNE).
Fue en 2006 cuando el Gobierno promulgó la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Ya han pasado 18 años desde su creación.
Ahora, ante la llegada de nuevos métodos para contratar proveedores y un panorama internacional más moderno, los criterios de la ley empezaron a carecer de efectividad, según manifestó este jueves el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel.
“Tenemos una ley insuficiente, contradictoria, ineficaz; una ley que se agotó; una ley que no permite generar mayores niveles de eficiencia en las contrataciones”, afirmó Pimentel, al participar en un conversatorio con representantes de la Unión Nacional de Empresarios (UNE).
“La ley 340-06 no aguanta más”, advirtió el titular de la institución, agregando que la ley requiere de otro marco normativo. Para lograrlo, la entidad elaboró un proyecto de ley a fin de modificar el actual Sistema de Contratación Pública.
La pieza 449-06 ha estado en el Congreso Nacional desde el 2021, tras ser depositada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con Pimentel, el proyecto lo conoció la Comisión de Hacienda del Senado, cuyos representantes lo remitieron al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, con algunas observaciones.
“(La Comisión) está solicitando que lo pongan en agenda. Ojala lo pongan y pueda ser aprobado lo antes posible en el Senado, para que vaya a la Cámara de Diputados, y el país pueda tener un nuevo marco normativo de la contratación”, dijo el director de la DGCP, al conversar con miembros de la prensa.
El objetivo principal de esa modificación es eliminar las insuficiencias del marco jurídico vigente y ayude a la armonización con la normativa prevista internacionalmente y con los métodos más modernos de compras y contrataciones públicas, según el documento oficial de la ley.
“Además, lo más importante es devolverle (a la ley) el sistema de consecuencia, porque quienes dirigieron este país en el 2006, cuando aprobaron la Ley de Compras, la modificaron a los seis meses, y la modificaron para quitarle el sistema de consecuencia”, señaló Pimentel.
En caso de aprobarse la modificación, el sistema de consecuencia traería sanciones administrativas, disciplinarias y hasta de tipo penales.
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPRAS
A pesar de haberse sometido el proyecto de ley ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader y el titular de la DGCP presentaron un nuevo Reglamento de Aplicación 416-23 de la ley 340-06, para fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del sistema de contrataciones.
Pimentel indicó que este reglamento es un “puente” hacia la nueva ley de compras. “Va a permitir ir sentando las bases de la nueva visión de las contrataciones, que se tendrán que profundizar cuando se apruebe la nueva ley”, explicó.
El reglamento, que se anunció en marzo, establece la obligatoriedad de realizar estudios previos para garantizar compras más estratégicas, así como incorporar el criterio de valor por dinero, y la descalificación de ofertas económicamente no sustentables o temerarias.
También, se introducen nuevos plazos y procesos para la instrucción y decisión de investigaciones, así como procedimientos para la aplicación de sanciones administrativas a los proveedores.
Los aspectos que integra el reglamento son: uso de las herramientas tecnológicas, criterios de sostenibilidad, valor por dinero, inclusión de sectores productivos, régimen de contrataciones por excepción, administracion y ejecucion de los contratos, desarrollo de las disposiciones sobre el ciclo de la compra y contratación en cada etapa, medidas cautelares, procedimientos disciplinarios y recursos administrativos.
APOYO DE LA UNE
El presidente de la Unión Nacional de Empresarios, Leonel Castellanos Duarte, dijo que el proyecto para modificar la ley 340-06 es una oportunidad de mejora para optimizar los recursos estatales, tanto en términos de propiciar una mayor claridad en las implicaciones de los criterios de evaluación de los procesos de licitaciones públicas, como en su impacto potencial, de lograr una mayor participación en las empresas medianas y pequeñas.
Castellanos Duarte reafirmó su apoyo al reglamento y exhortó al Congreso a convocar a vistas públicas para considerar las observaciones que han realizado los distintos sectores económicos del país, y acelerar la aprobación del proyecto de ley de Contrataciones Públicas.
