En su dictamen el Ministerio Público pidió al tribunal condenarla a 10 años de prisión para ser cumplida en la cárcel de Rafey, así como que pague como multa 400 salarios mínimos
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dejó en estado de fallo el pedido del Ministerio Público de si condena o no a 10 años de prisión a diputada Rosa Amalia Pilarte, quien es acusada de poseer un patrimonio de lavado de activo proveniente del narcotráfico.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, se reservó el fallo para darlo a conocer mañana martes a las 3:00 de la tarde.
El tribunal se reservó el fallo, luego de escuchar las conclusiones del dictamen del ministerio público y las conclusiones de los abogados de la defensa de la legisladora, doctores Luis Leonardo Félix, Amado Gómez y Estaban Pérez.
En su dictamen, los procuradores adjuntos Pedro Amador y Fernando Quezada, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada, y Pelagio Alcántara, procurador de Corte, solicitaron al tribunal declarar culpable a la diputada Amalia Pilarte y en consecuencia, su condena a 10 años de prisión.
Además, solicitaron que la imputada pague como multa 400 salarios mínimos y que le sean decomisados todos sus bienes a favor del Estado dominicano, así como que la prisión sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Igualmente, que se le ordene su inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratada por entidades de intermediación financiera participante del mercado de valores y entidades públicas, por violar varios artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo en la República Dominicana.
Mientras que la defensa de la legisladora ante ese pedimento, consideran que el discurso del Ministerio Público fue “muy bonito”, sin embargo, carece de fundamentos para que dicha condena solicitada sea aprobada.
En ese sentido, solicitaron al tribunal declararla no culpables de los hechos que se le imputan y exponerla toda responsabilidad penal, al considerar que el ministerio público no ha podido demostrar que el patrimonio de Pilarte proviene de lavado de activos.
Manifestó que tener dinero no es un ilícito y que es el Ministerio Público quien tiene que probar que el dinero viene de un ilícito.
“Yo no tengo que probar de dónde viene mi dinero y esa es la base de la acusación del Ministerio Público”, dijo.