En la audiencia, la defensa de Jairo González presentó como presupuesto una certificación expedida por el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos el 9 de febrero del 2024.
El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento en prisión de Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado de estafar a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión al rechazar una revisión de la medida de coerción presentada por el imputado, recluido en la cárcel de San Pedro de Macorís, a través de su abogado, con la cual buscaba obtener su libertad.
El juez consideró que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente, ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva, al tiempo de pautar para el 27 de agosto, del presente año, la próxima revisión obligatoria de la medida cautelar.
El Ministerio Público había pedido al juez tener en cuenta el peligro de fuga y el riesgo para la integridad del imputado de ser otra la medida adoptada, debido a la gravedad de los delitos financieros cometidos.
En la audiencia, la defensa de Jairo González presentó como presupuesto una certificación expedida por el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos el 9 de febrero del 2024.
Sin embargo, fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidieron la ratificación de la prisión preventiva y cuestionaron la certificación por entender que el domicilio registrado por la empresa del imputado no corresponde a dicha demarcación territorial.
Según en el expediente, González a través de la empresa de valores “Harvest Trading Cap”, que operaba en el país desde el año 2019, captaba a inversionistas, cuyos fondos prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, y que recibirían un beneficio de un 8% del valor de lo invertido.
Al imputado, quien fue detenido durante un allanamiento realizado en una villa del municipio Jarabacoa, en la provincia La Vega, se le acusa de violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que castiga la estafa.
