Durante los allanamientos los organismos involucrados incautaron más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otros testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
El juez de la oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso un año de prisión como medida de coerción a dos implicados en la Operación Flor de Loto, que se dedicaba a la explotación sexual de al menos 45 mujeres colombianas y venezolanas, según el Ministerio Publico.
Rafael de D’Asís Burgos, quien estuvo a cargo del conocimiento de la medida de coerción en contra de imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres de la ciudad de Santiago, también el juez tomó la declaratoria del caso complejo.
Conforme al Ministerio Público, ambos viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda, atando con esta deuda a las víctimas.
El órgano acusador apunta que las féminas eran víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos, en tanto que dependían de los tratantes para poder movilizarse de un lugar a otro.
Los hombres, implicados en este caso, tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas, así como el control del pago que hacían sus clientes, con quienes ellos coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.
Durante los allanamientos los organismos involucrados incautaron más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otros testimoniales, que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
