Rodolfo Valentín Santos, director del ente, considera que es ridículo pensar que la imposición maratónica de la prisión preventiva es un logro, sino que por el contrario dice mucho del temor funcional de los administradores de justicia.

La excesiva imposición de la prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía del Distrito Nacional preocupa a la Defensa Pública, que sugiere buscar otros mecanismos para reducir el uso de esa medida de coerción en el país.

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, considera que es ridículo pensar que la imposición maratónica de la prisión preventiva es un logro, sino que por el contrario dice mucho del temor funcional de los administradores de justicia.

El jurista habló en esos términos al referirse al hecho de que el 98 por ciento de las solicitudes de medida de coerción, que ha solicitado la Fiscalía del Distrito Nacional, durante los primeros cuatro meses del año, es la imposición de prisión preventiva, contemplado en el artículo 226 del Código Procesal Penal.

Valentín Santos dijo que si se da como un logro lejos de ser logros lo que muestra es fracaso de un sistema que, primero no tiene un plan de prevención responsable y efectivo para disminuir los delitos.

Manifestó que con las solicitudes excesivas de la imposición de prisión preventiva, el ministerio público desconoce el artículo 40 inciso 9 de la Constitución de la República, así como el artículo 15 del Código Procesal Penal, que establecen el carácter excepcional de la imposición de esa medida.

“Lamentablemente, hemos fracasado a partir del poder represivo del Estado (Fiscalía) en instaurar una justicia restaurativa, humana, transformadora, pues, sólo se cree logros aumentar el hacinamiento en ergástulas carcelarias, lugares donde ni los animales merecen vivir”, enfatizó Valentín Santos.

Explicó que el gran problema del órgano persecutor es que entienden que el fin de la pena es el castigo, la venganza, disminuir en lo más mínimo el respeto de la dignidad humana a aquellos en conflictos con la ley penal.

“Somos un estado democrático, social de derecho, la prevención de la inseguridad ciudadana no está en la sabana, están equivocados, ejecutando en el lugar equivocado”, adujo el jurista.

Sostuvo que la Defensa Pública en el año 2023 obtuvo entre 5,000 descargos y auto de no ha lugar, equivalente a una muestra de la insuficiencia en las investigaciones penales, “entonces, un logro de qué?

Estimó que hay “un maratón” de prisión preventiva y que como la inseguridad ciudadana y la criminalidad se han incrementado, se percibe que los funcionarios quieren resolver el problema judicializando todos los casos, lo que entiende es un error.