Vie. Nov 29th, 2024
La jueza Altagracia Ramírez está encargada del caso de corrupción Calamar.

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado en favor de dos de los vinculados en el caso Calamar.

La magistrada Altagracia Ramírez tomó la decisión, tras acoger un pedimento presentado en favor de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, quienes devolvieron casi RD$40 millones al Ministerio Público.

El tribunal levantó además el arresto domiciliario que pesaba contra el imputado Alejandro Constanzo, dejándole las demás medidas de coerción, consistente en impedimento de salida y presentación periódica.

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), dijo que en cuanto a los acuerdos, se aplicó el criterio de oportunidad tomando en cuenta la colaboración de los investigados en el denominado proceso Operación Calamar

La Procuradora de Corte hace referencia al artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que le faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad, a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del hecho punible.

Ovalle Sánchez, de acuerdo al criterio de oportunidad, ya entregó dinero de manera voluntaria RD$32 millones, mediante cheque de administración del Banco de Reservas número 21482351, del 27 de marzo del 2024, a nombre de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo al expediente, este hombre era prestanombre del electo senador de Azua, Rafael Calderón, quien no se encuentra imputado en ese caso, para la expropiación de terrenos y la distracción de fondos públicos.

Ovalle Sánchez, de acuerdo a la acusación, recibió RD$18,800,000 para entregar a Calderón.

Mientras que Peña Hernández, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado dominicano, la cantidad de un millón setecientos ochenta mil pesos (RD$1,780,000.00), los cuales fueron entregados de manera voluntaria por el procesado mediante cheque de administración del Banco Popular número 5410533, del 18 de marzo pasado, a nombre de la Procuraduría General, para fines de decomiso.

Desfalco al Estado

El Ministerio Público definió en la acusación en caso Calamar como un “holding criminal”, la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.

Los imputados en el caso

En el caso de corrupción Calamar están como principales imputados los los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila, entre otros.