La medida será contra Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don), señalado como el cabecilla e Isidoro Rotestan Clase (El Men), identificado como uno de sus socios, y otros más.
El juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este sabado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y Venezuela.
El tribunal fijó para las 9:00 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de cierción, consistente en prisión preventiva y declaratoria de caso complejo en contra de Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don), señalado como el cabecilla e Isidoro Rotestan Clase (El Men), identificado como uno de sus socios.
En la instancia, el ministerio público también pide que se imponga prisión a los imputados Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Seriano Núñez Pichardo, Germania Mercedes Natalia Román, Maritza Flete Santana (Karilia) Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
La medida fue presentada por la directora de Persecución del Ministerio Público, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso; la procuradora de la Corte de Apelación Sourelly Jáquez Vialet y los fiscales Andrés Mena, Joathan Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez Sánchez la anoche del jueves a pocas horas de vencerse el plazo de las 48 horas, que dispone la Constitución para someter a una persona o dejarlo en libertad.
Los imputados se encuentran recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta tanto sean trasladado mañana al tribunal ubicado en la segunda planta.
En la instancia que consta de más de 200 páginas los fiscales sostienen que es indicustible que el caso tiene todas las características de ser de crimen organizado, ya que se trata de una investigación por la comsión de diversos delitos, materializado a traves de un entramado dirigido a cometer crímenes como el lavado de activos y la asociacion de malhechores.
Sostienen que por la pluraridad de los hechos imputados, la pluradiad de hechos cometidos, la cantidad de investigados y víctimas del proceso, así como la posible pena a imponer en juicio de fondo, la cual puede ser hasta 20 años de prisión, se hace necesario que el presente caso sea declarado complejo con todas sus concecuencias.
El grupo fue arrestado durante operativo simultaneo desplegado por aire, mar y tierra, en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, por miembros del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción los imputados de la red habrían movilizado otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
Sostiene que que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura
