Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, señaló que, dado el crecimiento significativo que han experimentado las cooperativas, es esencial mantener los incentivos al ahorro, los cuales han sido clave para su fortalecimiento y sostenibilidad.

SANTIAGO, RD

Tras la propuesta de modificar el régimen de incentivos para las cooperativas en el marco de la reforma fiscal, el sector enfrenta una creciente incertidumbre sobre lo que sucederá ante esta situación.

Yanio Concepción, presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real, manifestó que las cooperativas están a la espera de una propuesta por parte del Estado, que aborde el tema de los incentivos legales que reciben y evalúe el impacto que cualquier cambio podría generar en su desarrollo.

Concepción señaló que, dado el crecimiento significativo que han experimentado las cooperativas, es esencial mantener los incentivos al ahorro, los cuales han sido clave para su fortalecimiento y sostenibilidad.

Según explicó, el último informe de la Superintendencia de Bancos reveló que la mayoría de los ahorros en los bancos dependen de las familias, lo que refuerza la necesidad de fomentar el ahorro en las cooperativas.

Destacó que la reforma fiscal podría afectar los procesos tributarios de las cooperativas, pero insistió en la importancia de preservar los incentivos, especialmente para las cooperativas agropecuarias.

Además, propuso el fortalecimiento de la fiscalización de las cooperativas por un organismo especial, para garantizar que no se pierdan sus valores y principios cooperativistas.

Concepción pidió al Estado que valore el aporte significativo que hacen las cooperativas, el cual va más allá de cualquier tributo que puedan pagar.

Asimismo, solicitó a los legisladores y al presidente Luis Abinader que consideren a las cooperativas de la misma manera que lo hacen en otros países desarrollados, donde se les ofrece una fiscalización especial y no se les carga con impuestos que puedan afectar su capacidad para promover el desarrollo comunitario.

Insistió en que el Estado debe medir las consecuencias de imponer impuestos excesivos a las cooperativas, especialmente si estos afectan a los ahorros de sus asociados, tras enfatizar que no se debe castigar a los ahorrantes.

Concepción exhortó a respetar las disposiciones de la Constitución y la Ley 127-64, que eximen a las cooperativas de ciertos tributos. Además, destacó que las cooperativas no temen ser fiscalizadas, ya que la transparencia es esencial para que los asociados confíen en la seguridad de sus fondos.

Propuso la creación de un sistema de seguro financiado por las propias cooperativas y sugirió que el Estado promueva un organismo que supervise, fiscalice y asegure a las cooperativas de manera adecuada.

Preservar régimen actual

Por su parte, Rafael Narciso Vargas, presidente de la cooperativa La Altagracia y miembro del Consejo de Directores del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), estableció que debe mantenerse la exención establecida por la Ley 127-64 para las asociaciones cooperativas.

Estimó que las cooperativas deben estar exentas de cualquier impuesto adicional, incluyendo los gravámenes a los excedentes que generan.

“A pesar de la protección que nos otorga la ley, debido a la constante presión fiscal de los gobiernos, las cooperativas han sido sometidas al pago de impuestos sobre los servicios que proveen, incluidos los intereses generados por los pequeños ahorros de sus asociados”, explicó Vargas.

Agregó que, actualmente, las cooperativas sólo están exentas del impuesto sobre los excedentes anuales, los cuales son fruto de un trabajo sólido que ha logrado la adhesión de millones de dominicanos al modelo cooperativo.

En este sentido, expresó su rechazo a que la reforma fiscal alcance los beneficios construidos por las cooperativas.

Vargas hizo un llamado al Gobierno y a los legisladores para que cuando conozcan la reforma fiscal, excluyan cualquier medida que penalice el desarrollo de las cooperativas.

Indicó que de acuerdo con la Constitución, el Estado debe garantizar la protección del sector cooperativo como parte de la economía popular y familiar, afirmando que “nadie puede proteger a un sector gravándolo de manera inmisericorde, impidiendo que cumpla sus objetivos”.

Asimismo, advirtió que, si se eliminan las exenciones fiscales, acudirán al Tribunal Constitucional para hacer valer sus derechos.

Vargas aseguró que el sector cooperativo debe ser protegido conforme a la Ley 127-64 y el acuerdo 193-02 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se plantea que los Estados deben brindar apoyo a las cooperativas.