El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que el país tiene un sinnúmero de leyes de incentivos
Estudios técnicos con antelación a cada sector productivo y análisis de costo y beneficios. Esto es lo que sugieren economistas consultados por en torno a lo que dijo el ministro de Hacienda, José (Jochi) Vicente, de mantener o eliminar algunas leyes de incentivos fiscales que disfrutan distintos sectores económicos del país, como turismo y las zonas francas. El plan forma parte de la propuesta del Poder Ejecutivo en torno a la venidera reforma fiscal que, según Vicente, se presentará “en los próximos días”.
El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, explicó que esa medida debe realizarse con estudios técnicos y no base a prejuicios ni opiniones. Con esto, Jiménez se ha referido a estudios “rigurosos” en los que se analice, primero, el beneficio desde el punto de vista del impacto en el crecimiento económico y la creación de empleos para ciertos grupos, por la capacidad del Gobierno en reducir la pobreza.
Y, por otro lado, que se analice el costo que tienen desde el punto de vista de dejar de pagar impuestos recibidos. “Esos se llaman estudios beneficios y eso permitirá saber cuáles políticas de incentivos a los sectores productivos se justifican desde el punto de vista que el beneficio sea mayor al costo y cuales no en los casos donde el costo sea mayor al beneficio”, argumentó el también profesor de la Universidad de Harvard.
Al preguntarle sobre si esas leyes de exenciones son una carga para el Estado, el economista respondió: “Cada uno de esos incentivos, ciertamente, representan una disminución de potenciales ingresos, pero también, generan una vida económica que de por sí se traduce en pago de impuestos, y genera una serie de empleos que se traducen en menor carga para el Estado; todo depende del beneficio y el costo”.
Jiménez reiteró que antes de tomar una decisión sobre quitarle exenciones fiscales a los sectores productivos se necesitan estudios técnicos que sustenten esa medida.
¿Qué dice Henri Hebrard?
Para el economista Henri Hebrard el tema debe separarse en dos grupos grandes: por un lado, las exenciones del ITBIS, el impuesto sobre la renta y con algunos combustibles; y por otro, las leyes de incentivos fiscales, que son en las que hay más discusiones en la mesa de la reforma tributaria, según Hebrard.
“En este grupo yo separaría lo que es zona franca de todo lo demás, porque la cifra que se calcula, que usualmente se calcula como supuesto sacrificio fiscal, está muy inflada y ahí no estamos de acuerdo con la metodología que se utiliza para calcular cuánto de impuesto se lograría cobrar si se fuese a poner un impuesto a la zona franca”, señaló.
A juicio del experto, el país de manera unilateral no puede hacer un cambio a la ley de incentivo de zona franca. “Si solamente lo hacemos nosotros y que en los demás países con los cuales competimos no hacen un cambio en esta misma dirección, pues, lo que vamos a provocar es una estampida y vamos a perder lo que tenemos en zona franca, que es tan sensible para República Dominicana”, explicó.
De acuerdo con Hebrard, la ley de incentivo para la zona franca “no se debe tocar para nada”. No obstante, con respecto a los otros sectores productivos, dijo que el Gobierno debe analizar uno por uno, midiendo “muy bien” y teniendo “mucho cuidado”.
El economista afirmó que el mayor efecto que traería la eliminación de las leyes de incentivos fiscales se reflejaría en la captación de nuevas inversiones.
“Habrá de tomar estas decisiones de manera muy cuidadosa, ya que para lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos 10 años no se puede correr el riesgo de desenchufar importantes sectores de actividades”, apuntó.
Hebrard explicó que la factura de la reforma fiscal se va a cargar en función de la capacidad contributiva de cada quien: es normal, dijo, que los de mayores ingresos, de más propiedad, sean los que tengan que asumir, en mayor parte, la carga de la reforma. Mientras que los más vulnerables puedan recibir beneficios del aumento del gasto público.
