En la investigación se recomienda reducir los costos de operación para las empresas en la frontera, especialmente en el Sur. “Con ello, se reducirían los incentivos necesarios para promover inversiones allí”, dice.

Autoridades del Gobierno evalúan el alcance de las leyes de exenciones y exoneraciones, como medidas adicionales a la búsqueda de recursos ante la desestimación de la propuesta de reforma fiscal y, entre éstas figura un análisis a la Ley 28-01, de desarrollo fronterizo.

De acuerdo a una investigación de los incentivos de la referida ley, elaborado para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), en general, el impacto en la actividad económica ha sido positivo y el valor agregado supera el costo fiscal, ampliamente, respecto a los incentivos otorgado por el Estado, pero hay una alta concentración de empresas grandes y en términos de ubicación geográfica, específicamente en el noroeste.

Señala también que el empleo directo ha crecido, pero es bajo, porque son pocas las empresas acogidas a esa ley y hay una alta concentración en el noroeste, básicamente bananeras, en Monte Cristi.

Hay una muy alta concentración de los efectos entre las empresas más grandes y “esto supone que los incentivos de la ley son, por sí solos, insuficientes para atraer inversiones y generar empleos a lo largo de la frontera y que el esfuerzo por desarrollar el resto de los territorios fronterizos ameritaría acciones complementarias que creen en el resto de las provincias condiciones similares a las observadas en la zona norte de la frontera”, dice el estudio del Mepyd.

La Ley 28-01, creó una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (ZEDF) en las cinco provincias cuyos límites occidentales delinean el borde fronterizo (Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales) y dos provincias adyacentes a éstas (Santiago Rodríguez y Bahoruco), bajo un régimen tributario especial que las libera de casi el total de pago de impuestos y las compensa por operar en esos territorios y generar incentivos para la inversión, la producción y el empleo.

En diez años, (2008-2018), el gasto tributario medio anual derivado de la Ley 28-01 alcanzó el 0.4% del PIB y las empresas acogidas crearon poco más de 8,000 empleos en 2018, el cual fue el año en el que más puestos de trabajo generaron.

Sin embargo, como resultado de sus compras intermedias, se crearon 26,000 empleos y otros 2,600 resultaron de los gastos asociados a las remuneraciones laborales de las empresas. El efecto total en el empleo en 2018 fue de 36,000 puestos de trabajo. La manufactura fue el primer eslabón de la cadena productiva, ya que cerca del 65% del valor agregado total de las empresas de la ley se dedican a actividades manufactureras, seguida del comercio.

El documento, fue preparado por el economista Pável Isa, para el Mepyd, en 2020, hoy ministro de Economía.

Estudio

El documento, sugiere modificar la ley, con la finalidad de asegurar que los beneficios del régimen especial sean otorgados exclusivamente a empresas con impactos deseables, directos y verificables en el territorio fronterizo.

“Algunas de las opciones serían restringir los beneficios a cinco actividades específicas como manufacturas y agropecuaria, excluyendo el comercio y los servicios e introducir requisitos de desempeño y empleos directos en el territorio fronterizo”.

Además, garantizar que los incentivos sean otorgados de forma cuasiautomática de tal forma que la fiscalización sea ex post. Esto puede implicar la creación de un régimen aduanero especial para la zona especial, agrega textualmente, realizado para el Mepyd.

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Pobreza alta

Entre otras disposiciones, el estudio señala en su resumen que: El tratamiento tributario excepcional para las empresas que se instalen y operen en los territorios fronterizos se justifica por el evidente rezago económico y social. La evidencia empírica indica que en las provincias de la ZEDF la incidencia de la pobreza es más alta

Los niveles de bienestar social son menores, la actividad económica es más reducida y las brechas que las separan del resto del país en estos ámbitos no se han reducido a pesar del sesgo a favor en gasto público.