La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público tenía bajo su supervisión  312 inmuebles decomisados que contaban con sentencias ordenando decomiso.

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, entregó al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados en Extinción de Dominio (Incabide), bienes e inmuebles decomisados en los procesos de corrupción por un valor que asciende a tres mil doscientos cuarenta y dos millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (RD$3,242,886,258.32) y un millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos dólares (US$1,417,600.00).

La Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público tenía bajo su supervisión al menos 312 inmuebles decomisados que contaban con sentencias ordenando decomiso, de los que 143 ya poseen títulos de propiedad y los demás están en proceso para la expedición de título en favor del Estado dominicano.

En el acto formal de entrega estuvieron presentes la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito, el ministro de Hacienda y presidente del Consejo del INCABIDE, José Manuel Vicente, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch y el director del INCABIDE, Manuel Oviedo Estrada.

Germán Brito traspasó la custodia y administración al Incabide de 58 apartamentos; 18 casas; 1 edificio; 10 fincas; 1 hotel; 6 inmuebles; 26 locales comerciales; 19 solares; 4 terrenos; 1 villa; 4 aeronaves y 238 vehículos, entre los que se incluyen automóviles de marcas como Lamborghini, BMW y Mercedes Benz.

También fueron decomisados y entregados ocho millones doscientos mil pesos (RD$8,266,910.00) en joyas.

Los bienes e inmuebles entregados fueron detallados durante el acto por la Procuradora de Corte Damia Veloz, directora de Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público.

Durante la entrega, la procuradora enfatizó que al dar cumplimiento a lo establecido en la nueva Ley 60-23 y traspasar los bienes e inmuebles al organismo encargado de administrarlos, se afianza aún más la intención de su gestión de romper esquemas no favorables y accionar bajo una nueva cultura de transparencia, eficacia y eficiencia en las acciones del Ministerio Público.

“Para mí significa una satisfacción especial saber que algo que ha sido producto de un crimen, vaya a parar a algo como una redención para los marginados, como una cancha en un barrio, disponer de una casa comunitaria, eso tiene un valor extraordinario”, dijo.

El ministro de Hacienda y presidente del Consejo del Incabide, José Manuel Vicente, calificó la acción como un paso de avance hacia la transparencia.

“Esos bienes, fundamentalmente, luego del proceso de decomiso y de persecución del crimen que hace la Procuraduría, el fin de esos bienes la ley lo establece, que es la pública subasta”, dijo.

Mientras que, Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e integridad Gubernamental, explicó que esos bienes eran todos del Estado y fueron sacados de planes específicos de servicios.

“Ese es un delito muy grave, que una persona se privilegie del aporte de todos en beneficio de sí mismo, y eso es un delito abominable”, manifestó, al tiempo de indicar que con esta entrega se inicia un acto de modificación de la cultura.

En tanto que, Manuel Oviedo Estrada, director ejecutivo de Incabide, dio a conocer los lineamientos generales sobre el proceso de recepción y destacó que la entrega marca un hito en el Estado dominicano y el cumplimiento de la ley.

“Estos bienes que hoy se está haciendo entrega, fueron bienes decomisados que ahora van a pasar a ser bienes sociales, porque vuelven al Estado”, expresó Oviedo Estrada. A su vez, resaltó “que la transparencia es el eje fundamental de cualquier gestión”.

El Ministerio Público destacó que son más los bienes que tiene secuestrados que los decomisados, y que trabaja cada día para que la solidez de sus investigaciones y acusaciones sigan marcando precedentes en el hemisferio en lo que respecta a la recuperación del patrimonio público.