El Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, dispone de una gran virtud: intenta superar el anacronismo de la Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, de 1962, y del Reglamento 824, de 1971, sobre espectáculos públicos y radiofonía.