La carta inicia con un recorrido histórico de las tensiones, destacando la invasión y ocupación haitiana de 22 años que sufrió República Dominicana.
Santo Domingo, RD
En una misiva enviada al Papa León XIV, fechada ayer 23 de junio, Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática (PED) y nieto del exdictador Rafael Leónidas Trujillo, expone la postura dominicana ante la problemática de la migración ilegal haitiana, buscando ofrecer una visión más «realista y auténtica» frente a un artículo publicado por Vatican News.
La carta inicia con un recorrido histórico de las tensiones, destacando la invasión y ocupación haitiana de 22 años que sufrió República Dominicana, advirtiendo sobre las secuelas de la enorme carga de indocumentados del país vecino.
A continuación, el texto íntegro de la carta:
Santo Padre
León XIV
Ciudad del Vaticano
Su Santidad:
Con la mayor reverencia y profunda fe en Cristo, me dirijo a Usted, movido por el más genuino amor a Dios, a la verdad y a mi patria, como fiel católico practicante, dominicano, y presidente del Partido Esperanza Democrática (PED). Recientemente he leído con gran atención el artículo publicado por Vatican News titulado “Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo”.
Como dominicano comprometido con la paz, la justicia y la defensa de mi nación, me siento en la obligación moral de presentarle una visión más terminada, realista y auténtica que considero esencial para comprender la complejidad de esta situación. La historia de las tensiones entre la República Dominicana y Haití tiene raíces profundas, que se remontan a los tiempos coloniales.
En el año 1801, nuestra nación fue víctima de la primera invasión del territorio dominicano por parte del entonces general Toussaint Louverture, dando inicio a una sucesión de hechos trágicos.
Aquel episodio fue seguido por una cruel ocupación de 22 años que oprimió a nuestro pueblo, cercenó nuestras instituciones y nuestra cultura, hasta que logramos liberarnos mediante una sangrienta y tenaz conflagración en 1844. Esta lucha por nuestra independencia no fue sólo militar, sino también espiritual y cultural, y sigue siendo un pilar de nuestra identidad.
Hoy, como ayer, nuestro compromiso debe ser, ante todo, salvaguardar los intereses y la seguridad de nuestro pueblo. Sin embargo, a pesar de sus limitados recursos, nuestra nación ha extendido históricamente una mano solidaria al pueblo haitiano. Hemos acogido, socorrido y asistido a millones de ciudadanos del país vecino, incluso por encima de nuestras posibilidades.
Se estima que más del 10% de nuestro presupuesto nacional -superior a los 2,000 millones de dólares anuales- se destina actualmente a atender las necesidades de inmigrantes haitianos naturalizados e ilegales.
Esta generosidad ha sido motivada por nuestra vocación cristiana de ayuda al prójimo, pero ha llegado a un punto de sobrecarga insostenible. Durante décadas hemos suplicado la intervención de la comunidad internacional en Haití, sin resultados.
Lejos de atender ese llamado, algunas grandes potencias han favorecido una peligrosa política de integración forzosa de ambas naciones, ignorando nuestra historia, nuestra soberanía, y los derechos del pueblo dominicano a preservar su identidad.
Al leer el artículo de Vatican News, me resultó profundamente preocupante que se presente de forma parcial una problemática tan delicada. Es una narrativa que omite la carga social, económica y de seguridad que padecemos diariamente.
Lamento profundamente que la realidad dominicana no haya sido reflejada con la objetividad y profundidad que merece. Esta falta de imparcialidad se debe, en gran parte, a la irresponsabilidad en el manejo de la retórica en el campo internacional por parte de nuestros propios gobiernos, así como a la complicidad de algunos sectores nacionales que favorecen la mano de obra ilegal para enriquecerse a costa del maltrato y de las paupérrimas condiciones que imponen de manera abusiva a estos nacionales.
En este contexto, es necesario hacer referencia a las medidas migratorias anunciadas por el gobierno dominicano y que dicho artículo destaca como censurables.
Aun reconociendo la necesidad de formular un plan definitivo migratorio, es importante reconocer que, dadas las limitaciones financieras, logísticas y estructurales que enfrenta actualmente la República Dominicana, resulta extremadamente difícil materializar el plan de 15 puntos anunciado por el Presidente Abinader para enfrentar esta crisis.
Por ejemplo: se ha proyectado la repatriación de hasta 40,000 personas mensualmente, una cifra que, aunque refleje una aspiración ineludible, supera con creces la capacidad operativa actual de la Dirección General de Migración, que difícilmente podría gestionar más de 15,000 repatriaciones mensuales en condiciones óptimas.
Con relación al término “caza al haitiano”, deseo expresar de forma clara y firme que los inmigrantes haitianos que están siendo regresados se encuentran en condición de ilegalidad y en franca violación de las leyes migratorias de nuestro país.
Aunque el cumplimiento estricto de la ley pueda resultar incómodo para algunos, es un deber inevitable de todo Estado mantener el orden público y proteger sus fronteras.
Desde luego, es primordial, respetar los derechos individuales y garantizar que todo proceso de repatriación se realice con estricto apego a los principios de humanidad y dignidad.
Pero también es fundamental reconocer el derecho soberano que tiene cada nación de hacer cumplir sus leyes, incluidas las leyes migratorias, en resguardo de su estabilidad institucional y su integridad territorial.
Asimismo, deseo referirme a lo expresado en el artículo sobre la falta de excepción para las mujeres embarazadas.
Esta es una situación profundamente sensible, pero debe ser comprendida en toda su dimensión. En una gran cantidad de hospitales dominicanos, la mayoría de los partos corresponden a mujeres haitianas en condición de ilegalidad, que cruzan la frontera con el único propósito de dar a luz en territorio dominicano, sabiendo que aquí reciben atención médica gratuita mientras que en su país se les cobra.
Esta práctica ha provocado una gravísima sobrecarga en el sistema de salud, desplazando incluso a ciudadanas dominicanas que quedan sin acceso a servicios médicos esenciales. En algunos centros hospitalarios, hasta el 62% de los partos registrados corresponden a mujeres haitianas, lo cual refleja una situación insostenible.
En total, la República Dominicana gasta aproximadamente 900 millones de dólares anuales en atención médica para inmigrantes legales e ilegales.
No es justo que, siendo la salud un derecho cardinal garantizado por nuestra Constitución para todos los dominicanos, ese derecho se vea severamente afectado por una sobrecarga causada por la inmigración irregular.
Esta situación no solo compromete la