El Ministerio Público explicó que la investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, entre otros.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.