El Ministerio Público acusó al grupo de encabezar la red que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 23 de los implicados en el caso denominado Coral y Coral 5G.