El abogado del Estado dominicano, José Alberto Ortiz, detalló que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos de la acusación del Ministerio Público y de la demanda civil que representa.

El Ministerio Público informó que llegó a un acuerdo con los representantes de las empresas de Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L., acusadas en el caso Coral.

Mediante un procedimiento penal abreviado, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenará la disolución de las empresas, la clausura de los locales y el decomiso de los bienes que puedan tener a su nombre. Además, cada una deberá pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.

El fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jonathan Pérez Fulcar, detalló que los representantes de ambas empresas sirvieron como “prestanombres” al coronel Rafael Núñez de Aza y a la madre de sus hijos, la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los dueños reales de las sociedades comerciales y están acusados en el expediente.

“Pusieron a dos personas que no tienen un perfil económico acorde. Uno de ellos es pintor de Santo Domingo Oeste y, la otra, una joven estudiante que trabajaba en la casa de la acusada Jehohanan Lucía Rodríguez, a la cual puso a firmar un documento para colocarle como dueña, a pesar de no tener el perfil ni conocimiento de las operaciones”, señaló Pérez Fulcar a su salida de la audiencia.

El abogado del Estado dominicano, José Alberto Ortiz, detalló que los gerentes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L. se sumarán como testigos de la acusación del Ministerio Público y de la demanda civil que representa.

Las sociedades comerciales Meljo Comercial E.I.R.L y Optimus E.I.R.L., son dos de las cuatro empresas que fueron separadas del expediente de la Operación Coral el año pasado, mediante las cuales desfalcaron al Estado dominicano con un aproximado de RD$360 millones, a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Por su parte, la jueza Yanibet Rivas Méndez declaró en rebeldía a las empresas S. S. A. Corporation SRL y S.O.S Carretera SRL, tras no comparecer ante la audiencia de este martes, pese a que sus representantes fueron citados.

Los acusados de la Operación Coral y Coral 5G movieron más de RD$4,500 millones y adquirieron bienes por más de RD$2 mil millones, mediante un entramado de corrupción de al menos 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, entre los años 2012 y 2020.

Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez De Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

De igual manera, al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.