Mediante el decreto número 453-24, el Presidente de la República, Luis Abinader, ha dispuesto la creación de la Empresa Minera Dominicana, S.A. (EMIDOM), una entidad pública de capital único estatal, cuyo propósito es la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, particularmente aquellos relacionados con las Tierras Raras.

La República Dominicana posee un importante potencial en recursos minerales, como las Tierras Raras, que son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables, y dispositivos electrónicos. El aprovechamiento sostenible de estos recursos es crucial para fortalecer la soberanía tecnológica y energética del país, además de contribuir al desarrollo económico, científico y tecnológico.

Objetivos de la EMIDOM

La EMIDOM, como parte de sus funciones, se encargará de ejecutar y coordinar la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, así como realizar estudios y consultorías que determinen la viabilidad económica de estos proyectos. Además, gestionará las reservas fiscales mineras, como la Reserva Fiscal Minera “Ávila” en Pedernales, y podrá negociar contratos y alianzas con empresas internacionales.

Impacto en la economía y el desarrollo nacional

La constitución de EMIDOM promoverá la transferencia de tecnología, la capacitación de recursos humanos especializados y la creación de empleos de calidad. Esto fomentará un desarrollo socioeconómico inclusivo y equitativo, con un enfoque en la protección ambiental y el respeto a las comunidades locales. Asimismo, se espera que los ingresos generados por la explotación de los recursos minerales sean utilizados para impulsar inversiones en infraestructura, educación y salud, contribuyendo al bienestar general del país.

Gobernanza y transparencia

La nueva empresa estará adscrita al Ministerio de Energía y Minas y contará con un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros, liderado por el Ministro de la Presidencia. Los estándares de gobernanza de EMIDOM seguirán los principios de transparencia y mejores prácticas, asegurando que sus operaciones se realicen en beneficio del Estado dominicano y de toda la sociedad.

Este decreto refuerza el compromiso del gobierno con el desarrollo sostenible y responsable de los recursos naturales de la nación, garantizando que su aprovechamiento contribuya al progreso económico y social del país.