El mismo estima que los primeros trabajos deben enfocarse en el Registro Nacional de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, advirtió que el reglamento de la Ley 3423-06 sobre Autismo en la República Dominicana presenta “deficiencias que podrían comprometer su efectividad, hasta convertirlo en inoperante”.
Mediante un comunicado de prensa, Quiroz recalcó que la guía carece de claridad en los objetivos y metas, no especifica adecuadamente los procedimientos, y no detalla cómo se gestionarán los recursos, incluyendo el presupuesto.
“Estas carencias deben abordarse para garantizar que la ley realmente beneficie a las personas con autismo y a sus familias”, sostuvo Quiroz en alusión al reglamento emitido por el presidente Luis Abinader a finales de julio pasado, mediante el decreto 403-24, con tiempo vencido según estipula ley.
En un análisis detallado, Quiroz identificó aspectos cruciales que requieren atención para garantizar que la ley cumpla con su propósito de apoyar a las personas con autismo y sus familias; además solicitó al presidente Abinader y al nuevo ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que pongan atención en este tema, tras recordar que la ley fue aprobada hace más de 15 meses.
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El mismo estima que los primeros trabajos deben enfocarse en el Registro Nacional de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que permitirá determinar las políticas públicas, los presupuestos, la cobertura de la seguridad social y la proyección en la formación de psicólogos, psiquiatras infantiles, terapeutas y pediatras con especialidades como neurología, neumología, gastroenterología, entre otras.
Además, señala que es crucial establecer claramente los centros para los diagnósticos tempranos de TEA, así como los espacios de atención terapéuticos, salud y educación, con el personal adecuado, que actualmente es tan deficitario y costoso.
El mismo dijo que, aunque se mencionan comisiones interinstitucionales, el reglamento no define claramente cómo se garantizará la coordinación efectiva entre las diferentes entidades públicas y privadas involucradas, pese a que la ley manda como órgano rector al Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis).
Al tiempo que señaló que además de las comisiones de Diagnóstico y Valoración de la Discapacidad, Prevención y Salud, Promoción Social, Trabajo y Empleo, Inclusión Educativa, Deportiva y Cultural y Asistencia Legal este reglamento crea el Sistema Multisectorial de Apoyo, Inclusión y Protección a las personas con Trastorno del Espectro Autista (SISTEA).
“Este tiene por finalidad organizar e implementar la adopción transversal de políticas y la prestación de servicios de forma estandarizada y coordinada”, manifestó.
El activista por la inclusión manifestó que, si bien se establece un marco general para la aplicación de la ley, no se profundiza en los impactos específicos que se desean alcanzar.
“Esto deja a los actores involucrados sin una guía clara sobre las metas a lograr, lo que podría resultar en una implementación inconsistente y dispersa”, agregó; mientras que señaló que, aunque se mencionan los pasos para la identificación, diagnóstico y tratamiento del autismo, no se proporcionan detalles sobre los criterios exactos o los métodos a seguir. Esto puede llevar, indicó, a variaciones en la calidad de los servicios prestados, afectando directamente a los beneficiarios de la ley.
Quiroz observó que hay muchas creaciones sin plazo para ejecutarlas y dar inicio, como establece el artículo 7, párrafo I “La Dirección Ejecutiva del CONADIS establecerá una metodología de trabajo ágil, para lo cual implementará una matriz común y estandarizada de procesos y la posibilidad de celebrar reuniones virtuales”.
También refirió que un “tema de alta atención” es la necesidad de apoyo del Estado a las familias TEA vulnerables, sin empleos, sobre todo madres solteras, que carecen de servicios básicos. En los casos de padres con empleos recordó que la ley contempla flexibilidad de horarios o permisos, para llevar hijos a terapias.
En cuanto a las responsabilidades, Quiroz expresó que el reglamento asigna tareas a diversas instituciones de salud, educación y al Estado, pero no detalla cómo se coordinarán estas entidades ni quién supervisará el cumplimiento.
“Esta ambigüedad podría resultar en una falta de rendición de cuentas y en la ineficacia de las medidas implementadas. Es fundamental que se incluya un apartado específico sobre el presupuesto necesario, las fuentes de financiamiento y los mecanismos de asignación y auditoría para garantizar que los fondos se utilicen de manera eficiente y transparente”, señaló.
También pidió más claridad con relación al procedimiento administrativo sancionador, aplicable a las infracciones y sanciones administrativas para quienes incumplan la Ley 34-23, tras advertir que, sin un marco claro de penalización, la normativa corre el riesgo de ser ignorada.
Asimismo, el reglamento carece de mecanismos para la sensibilización pública sobre los derechos de las personas con TEA, siendo vital implementar estrategias de comunicación masiva y campañas educativas para mejorar la comprensión del autismo en la sociedad.
Quiroz formó parte de los impulsores de la iniciativa presentada al Congreso Nacional por los ex senadores Franklin Rodríguez de San Cristóbal y Dionis Sánchez de Pedernales. La ley fue aprobada en mayo de 2023 y promulgada por el poder Ejecutivo un mes después, pero el reglamento debió ser aprobado en febrero de este año, y se hizo más de cuatro meses después.
