La solicitud fue presentada por Arévalo el 29 de febrero al denunciarla por “incumplimiento de deberes”, luego de que Porras se retirara abruptamente de una reunión del gabinete de gobierno un mes antes.
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Corte Suprema de Guatemala rechazó un pedido del presidente Bernardo Arévalo para abrir un proceso de retiro de inmunidad a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, con quien mantiene una prolongada pugna, informó este viernes una fuente oficial.
La solicitud fue presentada por Arévalo el 29 de febrero al denunciarla por “incumplimiento de deberes”, luego de que Porras se retirara abruptamente de una reunión del gabinete de gobierno un mes antes.
“Fuimos notificados [por la Corte Suprema] del rechazo” al pedido del mandatario, indicó a la AFP el departamento de prensa de la Procuraduría General de la Nación, ente que actúa como abogado del Estado y que presentó la solicitud por Arévalo.
La Procuraduría “está analizando lo resuelto, previo a definir las acciones que se tomarán”, agregó la institución.
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Arévalo mantiene desde el año pasado una disputa con Porras, quien puso en duda la transición presidencial al abrir polémicas investigaciones contra el partido oficialista Semilla y las elecciones de 2023.
El mandatario socialdemócrata, que carece de atribuciones para destituir a la fiscal, ha interpuesto varios pedidos para procesarla desde que asumió el poder, el 14 de enero.
También presentó una iniciativa de ley para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, pero el proyecto no ha avanzado en el Congreso. La fiscal es considerada “corrupta” y “antidemocrática” por Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, Porras también ha pedido el retiro de la inmunidad de Arévalo para investigarlo por supuesto lavado de dinero durante la conformación de Semilla.
En la reunión del 29 de enero en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía de la fiscalía.
El procurador general Julio Saavedra señaló al presentar el pedido que la ley obligaba a la fiscal a “atender las convocatorias del presidente” y que rehusarse “podría enmarcarse en una conducta delictiva”.
La semana pasada, la fiscalía pidió a la Corte Suprema avalar un proceso para iniciar pesquisas contra el presidente por presuntos pagos “ilegales” a constructoras. El tribunal todavía no se pronuncia.
