El temor. Cada noche se sienten a la intemperie con la incertidumbre de si a la mañana siguiente serán o no despojados de sus bienes.

Tal foráneos en sus propias casas viven los residentes del municipio de La Caleta, en el este de Santo Domingo, ante la amenaza y el temor constante de ser desalojados de las viviendas que con esfuerzo y sacrificio les tomó construir para forjar allí su familia.

El polvo y el lodo de sus calles aun sin asfaltar dan la bienvenida a la comunidad que alberga a casi 90,000 habitantes, quienes a pesar de tener un techo, cada noche se sienten a la intemperie con la incertidumbre de si a la mañana siguiente serán o no despojados de sus bienes, debido a que no cuentan con título de propiedad ni amparo.

Así lo describieron la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), coordinadores del Consejo de Desarrollo Comunitario de la Caleta (Codecoc) y representantes de las 42 juntas de vecinos activas y asociaciones del municipio durante el encuentro “Listín en el Barrio”, encabezado por el director del diario, Miguel Franjul y el editor en jefe, Juan Eduardo Thomas, donde los comunitarios externaron las dificultades que les aquejan desde hace décadas ante los oídos sordos de las autoridades.

“Eso es un gran problema acá y eso nos trae entonces los desalojos que son una lucha constante desde la fundación de este barrio. Esa es en primer lugar, porque sin seguridad no vale la pena que tengamos todos los servicios, porque en 20 o 25 años hemos construido nuestra casita y en dos minutos la vemos destruida”, manifestó Santos Carvajal, coordinador del Codecoc.

El gran problema con la incertidumbre de su estatus radica en que las parcelas en que están construidas sus viviendas son reclamadas por terceros que se proclaman propietarios, por lo que se hace necesaria la declaración del Estado como terrenos de utilidad pública, para posteriormente proceder con la titulación.

Sobre esta situación adelantaron que el presidente Luis Abinader designó al senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en condición de comisionado para la mediación entre los terceros, algunos constituidos en persona jurídica y los moradores.

“Tienen que declararlo de utilidad pública, si no lo declaran de utilidad pública y le pagan a los dueños, la Constitución entonces estaría violándose y el presidente no quiere esa situación. Es un proceso muy grande, porque según estudios más del 70% de las familias dominicanas vivimos en terrenos que no son nuestros ni son del Estado, sino que son de particulares”, agregó Carvajal.

María López, coordinadora de la Asociación de Mujeres Buscando Progreso, señaló que desde niña veía reuniones en su casa por la lucha de las tierras, siendo en ese entonces la parcela 218 por la que se mantenía la litis, aunque ahora se ha sumado la 210A, que denominan como “parcela macro”, donde reside la mayor cantidad de familias.

“Ay, pero aquí todos los días hay desalojos en cantidad, es una lucha permanente que tenemos aquí en La Caleta, con los desalojos. Siempre hemos luchado, lo que no entendemos es cómo personas que dicen ser propietarios nunca han tenido ni siquiera una piletica en el terreno”, expresó la dama, quien aseguró haber residido toda su vida en la localidad.

Vulnerables

La inseguridad de la inestabilidad de sus terrenos los hace sentir vulnerables aun teniendo los servicios básicos como agua potable y electricidad.

Un caso que ilustra esta realidad es el de Yaniris Batista, quien denunció que durante los últimos 14 años, tanto ella como otras 56 familias más han sido asediadas con ser desalojadas.

Esta situación se ha agravado en los últimos dos meses. Los que se proclaman dueños de la parcela 213C, donde se encuentran las viviendas, incluso tenían una orden de desalojo para el pasado 9 de agosto, pero en la actualidad se encuentra suspendida temporalmente. Aun así, el temor es constante.

“Ahí no hay casuchas, ahí hay edificaciones de hasta tres niveles, hay personas vulnerables envejecientes, mujeres embarazadas, mujeres recién paridas, niños y nosotros hemos hecho todo lo posible, pero hasta ahora ellos presentan un título que no sabemos si es verdadero o es falso”, declaró Batista.

Contrastando esta preocupación, Ivana Pérez lamentó que por lo general los desalojos ocurren entre 5:00 y 6:00 de la mañana, afectando de manera especial a las poblaciones vulnerables, quienes deben ser socorridos por vecinos que no cuentan con las condiciones para albergarlos por un periodo prolongado.

Ni en burro

La entrada al municipio se vislumbra entre el amarillo del polvo que viste sus calles y el verde de la grama que bordea sus aceras, producto de las precarias condiciones en que se encuentran la mayoría de las vías que dan acceso a cada vivienda en La Caleta.

Esto tampoco escapa de las preocupaciones diarias de los munícipes, quienes aseguraron que aunque con la renegociación de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) se asfaltaron algunas calles, la extensa mayoría se mantiene en caliche.

“Las calles de nosotros tienen más de 40 años que no se les echa un camión de caliche y tenemos la calle deteriorada, la calle Cibao, ahí no se puede andar ni en burro, se han olvidado de nosotros y somos los que estamos más cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas”, refirió José Alfredo Vásquez, uno de los residentes.

Servicios

El sistema precario de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, se suman a la lista de dolencias de los caleteros, a quienes el suministro del líquido no llega con regularidad, a pesar de contar con un acueducto.

Santos Carvajal dijo que cuentan con dos circuitos energéticos, que a su juicio son peligrosos por la carga eléctrica de cada uno, lo que ha provocado incidentes y muertes.

“Cuando no es postes o alambrados que faltan, es la energía eléctrica que no existe, la precariedad… Dos modalidades de energía muy peligrosas cuando el cableado está prácticamente intercambiado uno con otro y ha habido muchas muertes por eso”, manifestó el dirigente comunitario.