El pasado 31 de octubre, el Ministerio de Interior y Policía (MIP) reveló que desmembró una red delictiva en el interior de la Policía Nacional dedicada a la venta ilegal de municiones.
Las informaciones compartidas por el órgano rector del cuerpo policial fueron enviadas en un comunicado, donde expuso también a oficiales superior y subalterno que eran parte esencial en la ejecución de este entramado criminal, perseguido por una supuesta “extracción irregular” de las cargas.
Los artefactos de metralla estaban en los depósitos ubicados en las oficinas del Palacio de la Policía, donde se supone deben ser protegidos y utilizados únicamente para labores que aseguren la seguridad ciudadana.
A diferencia de otros casos en los que quienes son investigados no pertenecen a la institución policial, el MIP fue muy cerrado al expresar ayer datos importantes sobre este caso, ya que aseguraron su intención de no “entorpecer” el proceso de investigación.
Para la titular del MIP, Faride Raful, detalles tan fundamentales como los es la cantidad de agentes involucrados y los nombres de los miembros policiales no son posibles exponerlos en este momento, debido a que podría alterar la recolección de pruebas realizada por el Ministerio Público (MP).
Aclaró que esto permitirá tener una justicia con mayor precisión e independencia. Por lo que, según resaltó, no se trata de “revestir con impunidad” las pesquisas que desarrolla el órgano persecutor.
“Todos los procesos investigativos se determinan de esta manera para poder tener una justicia precisa e independiente tenemos que cumplir con el debido proceso No por esperar que se quiera decir que estamos revistiendo de impunidad”, dijo Raful.
Respondiendo a las preguntas de los periodistas, la incumbente fue reiterativa al adelantar que serán los representantes del Ministerio Público quienes señalarán a los agentes policiales acusados.
“Sometimos ante el Ministerio Público los mismos y el Ministerio Público está realizando ya la parte completiva que corresponde, me imagino que en los próximos días estarán viendo todos los detalles”, explicó.
Además, resaltó el compromiso del director de la entidad ciudadana, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue uno de los principales colaboradores que lograron identificar estas anormalidades.
“Inmediatamente, pudimos determinar algunas incidencias con la colaboración del respaldo pleno de nuestro general Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, que hay que decir que hubo un hecho sin precedentes para esta policía, pues quien la encabeza, es uno de los principales actores para que esta investigación saliera a flotes, sin importar quienes estuvieran involucrados”, aseveró Raful, mientras presidía la rueda de prensa de la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana, donde los organismos de seguridad comparten los resultados de la semana.
Peralta aprovecho su intervención para confirmar que se produjeron “cambios rutinarios” en la Intendencia de Armas de la Policía, donde ordenó la sustitución del extitular, coronel Narciso Félix Romero para colocar al Francisco Adolfo Francisco Pimentel, quien tiene el mismo rango.
Nuevo mecanismo
Partiendo de los hallazgos detectados en una etapa de introspección que tardó tres meses, el MIP anunció que implementará un esquema diferente de supervisión, para garantizar la seguridad del inventario policial.
Bandas criminales
Precisamente, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó el pasado 8 de octubre a los países suscritos la importancia de aplicar y cumplir el embargo de armas para frenar los suministros que reciben las agrupaciones criminales en Haití.
Esta es una medida acogida por el Consejo de Seguridad de la ONU para reducir las muertes violentas que se han registrado en el vecino país.
