La FJT dice que los contratos de alquileres que superen los 200 salarios mínimos del sector público no podrán ser suscritos por el Presidente.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), pidió ayer la urgente intervención del presidente Luis Abinader, para que detenga el “festival maratónico” de contratos de alquileres multimillonarios de inmuebles, que, “de manera irracional, desproporcionada y violentando la Constitución” realizan los funcionarios del tren gubernamental.
“Lo vienen realizando desde hace años funcionarios públicos, ahora extendido y profundizado en la actual gestión de gobierno, gastando decenas de miles y miles millones de pesos, en perjuicio del patrimonio público”, dijo el vicepresidente de la entidad, Máximo Calzado Reyes.
El jurista advirtió que esto representa una ilegalidad por parte del Gobierno, ya que los contratos de alquileres u otros que superen los 200 salarios mínimos del sector público no podrán ser suscritos por el presidente Luis Abinader, teniendo, por requisito, que ser conocidos por el Congreso Nacional.
Reyes se refirió al artículo 128 de la Carta Magna, donde establece y especifica las atribuciones del primer mandatario, para enajenar o afectar las rentas nacionales, sobre un bien o recursos públicos, como control incluso para el presidente de la república, deberá ser refrendado y aprobado por el Congreso Nacional, de donde se colige la inconstitucionalidad e ilegalidad de los referidos contratos
“Tiene la facultad de celebrar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución.
El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de 200 salarios mínimos del sector público”, dicta el literal de dos en su párrafo d.
Calzado Reyes, condenó la práctica extendida de este y otros gobiernos, con alquileres exorbitantes por varios periodos de constitucionales y fuera de la planificación ordinaria anual del Presupuesto General del Estado.
Aseguró que ha sido evidenciado con los escándalos registrados en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogitc), que está siendo cuestionada por concretizar un proceso de licitación para alquilar un edificio durante 10 años por un valor de RD$1,400 millones.
El incumbente de la institución, Bartolomé Pujols, aseguró que este procedimiento realizado con la Inmobiliaria Reservas y AFI Reservas, empresa del Estado, se justifica porque evita tener que disponer de todo el dinero para comprar inmuebles.
“En lugar de eso, se optimizan los recursos pú
Situación
Alegada intimación
Dos ocasiones.
Esta es la segunda ocasión desde su juramentación en 2023 como director de la OGTIC, en la que Bartolomé Pujals es cuestionado por supuesta malversación de fondos durante la ejecución de licitaciones. A finales de ese año envió una carta para desmentir una alegada intimación dirigida al periodista Kelvin Faña, quien denuncio en diversas ocasiones de violar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
