El Ministerio Economía publicó un nuevo informe de moniterio del sector público.

Educación Superior. Energía. Sostenibilidad Ambiental. Producción y Consumo Sostenible. Territorio. Transporte. Finanzas Públicas. Estas fueron las siete políticas públicas que se quedaron “rezagadas” en el último año (2023) del primer Gobierno de Luis Abinader, según un informe que ha publicado el Ministerio de Economía.

La política pública, enfocada en la educación superior, la ciencia y la tecnología, cerró en 2023 con un índice de progreso de 22%. Es la que tiene el indicador más bajo, a diferencia de las otras seis anteriores.

Según el informe, la tasa neta de estudiantes matriculados en las universidades del país experimentó una tendencia hacia la baja de un 19%, pues pasó de 25.53% en 2022 a 20.76% este año.

La asignación de becas, sin embargo, es el desafío más “importante” de este sector. El Ministerio de Economía señaló que la política pública busca fortalecer ese aspecto, para asegurar “una distribución equilibrada que impulse todos los niveles educativos, especialmente en el ambiente técnico-profesional”.

La institución, además, afirmó que se necesita abordar la disminución del porcentaje de estudiantes que reciben subsidios educativos, que bajó de 8.9% en 2022 a 4.3% en 2023.

“Restablecer este apoyo es crucial para garantizar el acceso equitativo a la educación”, indicó.

En el sector eléctrico, cuyo índice de progreso fue de un 38%, los números cerraron en rojo el año pasado. Por ejemplo, las pérdidas de energía —que enfrentan “grandes desafíos”— aumentaron un 11%, al pasar de 32.13% en 2022 a 35.62% en 2023, de acuerdo con el informe.

Las fuentes de energía renovable también mostraron una tendencia negativa, a pesar de los “esfuerzos” del Gobierno. El año anterior, estas sufrieron una ligera disminución de 1.48%.

En el contexto de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, temas que ocupan un lugar central en las cumbres internacionales actuales, el Gobierno ha quedado rezagado, con un 43% de progreso en diseño e implementación de políticas públicas.

“El principal desafío de la política es la necesidad de mejores indicadores para medir adecuadamente su estado y efectividad”, indicó Economía.

Y añadió: “La falta de estadísticas precisas y relevantes dificulta evaluar el impacto de las iniciativas ambientales e identificar áreas que requieren mejoras urgentes. Sin datos concretos, resulta complicado establecer metas realistas y medir el progreso hacia un desarrollo sostenible”.

Con un 37% de progreso, las políticas públicas enfocadas a los temas territoriales y municipales también forman parte del grupo rezagado. Su principal desafío, según Economía, es aumentar la proporción del presupuesto nacional para los gobiernos municipales.

“Se ha retrocedido en la proporción del presupuesto nacional transferido a los gobiernos municipales, que disminuyó del 2.10% en 2022 al 1.88 % en 2023, lo que subraya la necesidad de fortalecer el financiamiento local para sostener el desarrollo territorial.”, apuntó.

Las políticas públicas del sector transporte cerraron con un índice de progreso de un 45%. Sin embargo, el informe ha subrayado que este sector mostró “avances notables”, fruto de la disminución de lesionados en accidentes de tránsito, que pasó de 115.59 puntos en 2022 a 105.63 en 2023.

El principal desafío, no obstante, es la falta de información actualizada, que es necesaria para actualizar indicadores y tomar decisiones informadas y efectivas.

El cuarto indicador de avance más bajo (un 39%) gira en torno a las finanzas públicas del Estado: deuda, gastos e ingresos. Son tres temas que han sido angustiantes para el Gobierno, ante el déficit fiscal que se ha registrado en los últimos tiempos.

Aunque el Gobierno logró una mayor capacidad para financiar proyectos cruciales, el déficit fiscal del sector público no financiero fue del -3.08% del PIB en 2023, empeorando respecto al -2.7% de 2022 y al -2.5% de 2021, lo que ha “evidenciado desafíos persistentes en la gestión fiscal”, señaló Economía.

“El pago de intereses de la deuda pública representó el 22.1% de los ingresos tributarios en 2023, la segunda cifra más alta desde 2015”, indicó Economía como parte de los retos de este sector.

“Este elevado porcentaje limita los recursos disponibles para otras prioridades gubernamentales, representando un desafío significativo para la política de finanzas públicas”, agregó.