Maribel Arenas Vadillo
Bogotá
Tras años de luchas feministas, a principios de este año la Corte Constitucional de Colombia decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24, en una decisión que puso al país de nuevo en la vanguardia latinoamericana, aunque 10 meses después sigue habiendo barreras en el acceso a este derecho.
El 21 de febrero centenares de mujeres se abrazaban, gritaban y lloraban a las puertas del Constitucional celebrando una decisión que los jueces llevaban aplazando semanas y que las trabas, las zancadillas y todos sus detractores amenazaban con que nunca se llegara a cumplir.
Desde ese día, las mujeres podían abortar libremente hasta la semana 24 y a partir de entonces regían las tres causales que estaban antes (violación o incesto, riesgo de la madre o malformación del feto). La Corte no sacó el delito del Código Penal pero amplió el derecho hasta un límite que no existe en muchos otros países.
Ahora “la implementación va a ser un desafío que nos va a tomar muchos años”, reconoce a EFE la directora de la ONG Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, que fue una de las impulsoras de la demanda ante la Corte.
Al menos 76 gestantes recurrieron entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de este año a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a consecuencia de las trabas que estaban enfrentando a la hora de abortar, según el último balance publicado por el Movimiento Causa Justa.
La falta de información y reconocimiento del fallo de la Corte, la interpretación restrictiva de lo establecido y la ausencia de protocolos internos de atención en los institutos de salud se constituyen como los principales obstáculos que el documento identificó en materia de acceso al servicio.
“Se están incurriendo en demoras injustificadas y objeciones de conciencia ilegales”, apunta Martínez al tiempo que denuncia casos de malos tratos en los centros médicos y peticiones irregulares de certificados clínicos innecesarios.
MIGRANTES, INDÍGENAS Y MUJERES RURALES
Para la activista, el norte de la lucha feminista debe ser la “eliminación del delito”, ya que esto, a su vez, deriva en una vulneración del derecho a la igualdad, especialmente en el caso de las migrantes venezolanas, de las mujeres indígenas y rurales, y de las gestantes que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
En el caso de las refugiadas y migrantes, el no tener papeles o no estar afiliadas a un sistema de salud se convierte en una barrera de acceso en sí misma al aborto y otros servicios de salud sexual y reproductiva.
Sin embargo, la Corte determinó que “por tratarse de una atención de urgencias debe hacerse efectiva independientemente de la permanencia regular o irregular”, recordó un estudio de la Mesa por la Vida publicado este año.
Es por esto que Martínez insiste en la necesidad de que el acceso sea “diferencial” en aras de que todas las mujeres, independientemente de su condición socioeconómica y cultural, puedan interrumpir sus embarazos. Y también que el fallo del Constitucional se plasme en una política pública y protocolo de acceso.
“Por ejemplo, si una mujer llegó a buscar el servicio y le dijeron que ahí no lo hacen, esa mujer es rebotada institucionalmente de un lugar a otro, que es lo que pasa hoy en día”, lamentó .
Asimismo, la feminista caleña, que también hace parte de Causa Justa, recordó que aún pervive la “tragedia” de los abortos inseguros que no solo implican a terceros y clínicas clandestinas, sino que también se practican en solitario y en especial entre mujeres rurales que ponen en riesgo sus vidas mientras se introducen ganchos por la vagina o ingieren sustancias tóxicas como el matarratas.
POSIBLES PELIGROS DE RETROCESO
Este hito fue el resultado de dos demandas ante la Corte: la presentada “a cinco manos” por cinco organizaciones de Causa Justa (el Centro de Derechos Reproductivos, Women’s Link Worldwide, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el derecho a decidir) y otra de un particular, que se discutieron al final de forma conjunta y se votaron, finalmente, con cinco votos a favor y cuatro en contra.
El triunfo de esta demanda, apunta Martínez, fue producto de la generación de una “conversación nacional” que permitió “despenalizar socialmente el aborto”.
Desde la toma de esta decisión, “grupos antiderechos” han interpuesto diversas demandas ante la Corte para “tumbarla”, aunque el nuevo Gobierno es proclive a hacer de la demanda una política para blindarla.
Con respecto al panorama latinoamericano, la activista caleña asegura que aunque la marea verde en la región es “imparable”, es clave que siga fortaleciéndose el movimiento feminista en países como El Salvador donde las mujeres “van a la cárcel por tener emergencias obstétricas”.
No obstante, tiene claro que “ya no hace falta que otros estados de la región miren al norte global” porque ya el sur se ha convertido en un ejemplo tras su avance constitucional en materia de incorporación de derechos humanos y la consecución de la despenalización del aborto en Argentina, Colombia y más de 20 estados mexicanos.
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