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Brasil

Mientras sacudía una sonaja tradicional, la nueva jefa de asuntos indígenas de Brasil recorrió recientemente todos los rincones de la sede de la agencia —incluso la cafetería_, en los que invocó la ayuda de antepasados durante una limpieza ritual.

El ritual tuvo un significado adicional para Joenia Wapichana, la primera mujer indígena de Brasil en encabezar la agencia encargada de proteger la selva amazónica y su gente. Una vez que preste juramento el próximo mes bajo el gobierno del nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Wapichana promete limpiar una agencia que, según los críticos, ha permitido que se exploten los recursos de la Amazonía a expensas del medio ambiente.

Mientras Wapichana realizaba el ritual, indígenas y funcionarios coreaban con entusiasmo: “¡Yuju! ¡La Funai es nuestra!”, una referencia a la Fundación Nacional del Indio, la agencia que ella dirigirá.

Ambientalistas, pueblos indígenas y los votantes que simpatizan con sus causas fueron importantes para la estrecha victoria de Lula ante el expresidente Jair Bolsonaro. Ahora Lula trata de cumplir las promesas de campaña que hizo sobre una amplia gama de temas, desde la expansión de los territorios indígenas hasta detener el aumento de la deforestación ilegal.

Para llevar a cabo estos objetivos, Lula está nombrando a ambientalistas e indígenas reconocidos a puestos clave en la Funai y otras agencias que Bolsonaro ocupó con aliados de la agroindustria y jefes militares.

En sus dos primeros mandatos, Lula tuvo un historial desigual en temas ambientales e indígenas. Y seguramente enfrentará obstáculos de gobernadores estatales simpatizantes de Bolsonaro que aún controlan franjas de la Amazonía. Pero los expertos dicen que Lula está dando los primeros pasos correctos.

Los funcionarios federales que Lula ya ha nombrado a puestos clave “tienen el prestigio nacional e internacional para revertir toda la destrucción ambiental que hemos sufrido durante estos cuatro años del gobierno de Bolsonaro”, dijo George Porto Ferreira, analista del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama, por sus siglas en portugués), la agencia de protección ambiental de Brasil.

Mientras tanto, los partidarios de Bolsonaro temen que la promesa de Lula de aplicar protecciones ambientales más estrictas dañe la economía al reducir la cantidad de tierra abierta para el desarrollo, y que castigue a las personas por realizar actividades que antes estaban permitidas. Algunos simpatizantes del exmandatario vinculados a la agroindustria han sido acusados de brindar asistencia financiera y logística a los manifestantes que este mes allanaron el palacio presidencial, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

Cuando Bolsonaro era presidente, le quitó fuerza a la Funai y a otras agencias responsables de la supervisión ambiental. Esto permitió que la deforestación se disparara a su nivel más alto desde 2006, ya que los desarrolladores y mineros que tomaron tierras de los pueblos indígenas enfrentaron pocas consecuencias.

Entre 2019 y 2022, el número de multas por actividades ilegales en la Amazonía se redujo en un 38% en comparación con los cuatro años previos, según un análisis de datos del gobierno brasileño realizado por Climate Observatory, una red de grupos ambientalistas sin fines de lucro.

Uno de los indicios más claros hasta el momento de las intenciones de Lula por revertir estas tendencias fue su decisión de colocar nuevamente a Marina Silva al frente del ministerio ambiental del país. Silva, quien fuera recolectora de caucho en el estado de Acre, se desempeñó en ese puesto entre 2003 y 2008, un periodo en el que la deforestación se redujo en un 53%. Ella renunció después de desacuerdos con el gobierno y líderes de la industria agrícola en materia de políticas ambientales que consideraba demasiado indulgentes.

La designación de Silva representa un marcado contraste con el primer ministro ambiental de Bolsonaro, Ricardo Salles, quien antes de asumir el cargo en 2019 nunca había puesto un pie en la Amazonía, y renunció dos años después en medio de acusaciones de que había facilitado la exportación de madera talada de forma ilícita.

Otras medidas que ha implementado Lula en apoyo de la Amazonía y su gente incluyen:

— Firmar un decreto que rejuvenecería la iniciativa internacional más reciente para preservar la selva: el Fondo Amazonía. El fondo, que Bolsonaro había eviscerado, ha recibido más de 1.200 millones de dólares, principalmente por parte de Noruega, para ayudar a financiar el desarrollo sustentable de la selva del Amazonas.

— Revocar un decreto de Bolsonaro que permitía la actividad minera en zonas indígenas y de protección ambiental.

— Crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, el cual supervisará todos los aspectos relacionados con ellos, desde límites territoriales hasta educación. Esta agencia estará dirigida por Sônia Guajajara, la primera mujer indígena en ocupar un cargo gubernamental de ese nivel en el país.

“No será fácil superar (lo ocurrido) en 504 años en apenas cuatro años. Pero estamos dispuestos a usar este momento para promover la recuperación de la fuerza espiritual de Brasil”, dijo Guajajara durante su ceremonia de inducción, la cual fue aplazada debido a los daños que causaron los simpatizantes de Bolsonaro en el palacio presidencial.

La selva amazónica, que abarca una superficie del doble de tamaño que la India, amortigua el impacto del cambio climático al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Pero Bolsonaro consideraba que el manejo de la Amazonía era un asunto interno, lo que infligió un golpe a la reputación global de Brasil. Lula intenta revertir esos daños.

Durante la cumbre climática de la ONU en Egipto en noviembre pasado, Lula se comprometió a poner fin a la deforestación para el año 2030, y anunció la intención de su país de albergar la conferencia climática COP30 en 2025. Brasil tenía programado ser sede del evento en 2019, pero Bolsonaro lo canceló en 2018 poco después de ser elegido.

Aunque Lula tiene objetivos ambientales ambiciosos, la lucha por proteger la Amazonía enfrenta obstáculos complejos. Por ejemplo, no será fácil obtener la cooperación de los funcionarios locales.

Seis de los nueve estados amazónicos son gobernados por aliados de Bolsonaro. Entre ellos está Rondonia, donde colonos de ascendencia europea controlan la energía local y han desmantelado iniciativas ambientalistas en los congresos estatales; y Acre, donde la falta de oportunidades económicas está llevando a los extractores de caucho —que durante años han luchado por preservar la selva— a asumir actividades ganaderas.

La Amazonía también se ha visto afectada durante décadas por la minería ilegal de oro, la cual emplea a decenas de miles de personas en Brasil y otros países, como Perú y Venezuela. La minería ilegal causa contaminación de ríos de los que dependen los pueblos indígenas para la pesca y el agua potable.

“Su causa principal es la ausencia del Estado”, dijo Gustavo Geiser, experto forense de la Policía Federal que ha trabajado en la Amazonía durante más de 15 años.

Un sector en el que Lula tiene mayor control es la designación de territorios indígenas, los cuales son las regiones mejor preservadas de la Amazonía.

Lula enfrenta presión para que designe 13 territorios indígenas nuevos, un proceso que se estancó durante el gobierno de Bolsonaro, quien cumplió su promesa de no otorgar “ni una pulgada más” de tierra a los pueblos indígenas.

Un paso importante será expandir el tamaño de Uneiuxi, parte de una de las regiones más remotas y con mayor diversidad cultural del mundo, la cual alberga a 23 pueblos distintos. El proceso de expandir los límites de Uneiuxi comenzó hace cuatro décadas, y el único paso faltante es la firma presidencial, la cual aumentará el territorio en un 37%, a 551.000 hectáreas (2.100 millas cuadradas).

“Lula ya ha indicado que no tendría ningún problema en hacer eso”, dijo Kleber Karipuna, un estrecho colaborador de Guajajara.