AP
Lima, Perú
El primer ministro peruano Alberto Otárola declaró ayer lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, tras las muertes ocurridas durante las protestas. Las movilizaciones continúan más de un mes después para exigir elecciones adelantadas y la renuncia tanto de la presidenta Dina Boluarte como de los miembros del Parlamento.
La investigación —iniciada el 10 de enero y que suma otros delitos como homicidio calificado y lesiones graves— también incluye a la presidenta Boluarte. Las protestas han dejado al momento 56 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Casi todos los fallecidos son civiles. La mayoría recibió proyectiles por arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por disparos en la cabeza. Por el rango de los investigados, la indagación está a cargo de la fiscal general Patricia Benavides. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel.
