Ramón Cruz Benzán
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Santo Domingo, RD
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó acto de apertura a juicio en contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota, acusado de asesinar a balazos al exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.
La magistrada Altagracia Ramírez dispuso que el imputado, responda en un juicio de fondo por los hechos que se le imputa de asesinato y porte ilegal de armas de fuego.
El abogado Miguel Valerio, quien representa a los familiares de la víctima, felicitó la decisión del tribunal, tras señalar que en el juicio de fondo lograrán una condena ejemplar.
Valerio dijo que le sorprendió la frialdad, la soberbia que mostró el imputado en la audiencia preliminar de ayer, al decir prácticamente que lo que él tuvo fue un hecho justificativo.
“Él justifica su conducta, con lo cual nosotros vamos a demostrar que él es un cobarde, y que actuó de acuerdo a su instinto criminal, de asesinato”, acotó Valerio a la salida del tribunal en compañía de Orlando Jorge Villegas, hijo de Jorge Mera y de su hermana Leticia.
Afirmó que el imputado demostró que es un cobarde, porque abogó de una legítima defensa, que solo cabe en su cabeza, quien a juicio sigue dando incoherencias.
Explicó que en el tribunal el imputado habló de una deuda donde no hay pagaré y no hay nada, al tiempo de señalar que la familia Jorge y Villegas seguirá el caso hasta la última consecuencia del proceso ya que el acusado tendrá que pagar pena e indemnización.
Cruz de la Mota fue detenido por la muerte de su amigo de infancia, ocurrida el 6 de junio, en las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la avenida Luperón esquina Cayetano Germosén.
El imputado cumple un año de prisión preventiva, dictada en su contra por el magistrado Rigoberto Sena Ferreras, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso su envío a la cárcel de Najayo-Hombres.
Según el expediente del órgano acusador, Cruz, apodado “Carandai”, planificó el asesinato del ministro, porque este se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A.