El accionante argumentó que, al eliminar esta normativa, el Estado dominicano dejó de cumplir con su obligación de prohibir la usura, vulnerando la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, dejando a la ciudadanía desprotegida frente a intereses abusivos.
El Tribunal Constitucional (TC), tras declarar inconstitucional la derogación de las sanciones contra la usura, ordenó al Congreso Nacional crear un nuevo marco legal que penalizara esta práctica, ajustándose al ordenamiento monetario y financiero vigente.