La iniciativa promulgada el pasado 1 de mayo por el presidente Abinader aún continúa sin precisar la cantidad de dinero que deberá pagar el Poder Ejecutivo.
El Congreso Nacional se avocó en los últimos meses al conocimiento de dos proyectos de ley que tienen el objetivo de autorizar al Gobierno el saldo de deudas con empresarios y constructores, los cuales habrían realizado obras, en algunos casos, sin la formalización de un contrato.