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Brasil
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Las autoridades brasileñas no escatimaron esfuerzos ayer miércoles para reforzar la seguridad después de que empezó a circular en redes sociales un panfleto que promovía “una mega protesta para recuperar el poder” en más de una veintena de ciudades de la nación sudamericana. Ya fuera por las medidas preventivas adoptadas o no, el supuesto levantamiento fue un fracaso.
Menos de 10 manifestantes se presentaron a la convocatoria en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro; había más periodistas y 29 vehículos policiales. En la explanada de Brasilia que se encuentra rodeada por edificios del gobierno federal, las autoridades habían designado una zona para protestar y desplegaron policías y elementos de la guardia nacional. Sólo una pareja llegó al lugar, vestida con la misma camiseta de la selección brasileña de fútbol que miles de manifestantes portaron hace cuatro días.
“Nos sorprende ser los únicos que estamos aquí hoy”, comentó Eunice Carvalho, ama de casa de 58 años que iba acompañada de su esposo. “La gente se asustó después de los arrestos, que fueron excesivos”.
En declaraciones a la prensa horas antes, el designado del gobierno federal de asumir el control de la seguridad de la capital dijo que la policía cerraría a la circulación la avenida principal, limitaría el acceso peatonal con barricadas y bloquearía todo acceso a la plaza que fue escenario del caos del domingo
“ Siempre se respetará el derecho a protestar libremente y no se puede confundir con terrorismo”, aseveró el funcionario, Ricarado Cappelli.
Ante la convocatoria a la manifestación, el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó a las autoridades locales que eviten que los manifestantes bloqueen caminos u ocupen espacios y edificios públicos. El juez también ordenó arrestos y multas para las personas y compañías que participen o ayuden con la logística y financiamiento de las protestas.
La contundente respuesta, y la tranquilidad posterior, pusieron de manifiesto el nerviosismo que persiste entre las autoridades después de que los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial el domingo en Brasilia, dañando los tres inmuebles más importantes del gobierno federal. Las autoridades detuvieron a unas 1.500 personas a la mañana siguiente, de las cuales cientos fueron enviadas a prisión.
A pesar de que no hay evidencia de fraude en las elecciones presidenciales del 30 de octubre, los manifestantes han afirmado que el verdadero ganador de los comicios fue el derechista Bolsonaro. El exmandatario ha avivado a sus partidarios respecto a la vulnerabilidad de las máquinas de votación pese a las aseveraciones de expertos independientes de que las máquinas son examinadas minuciosamente. Bolsonaro también ha advertido a sus seguidores que el vencedor de las elecciones, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, impondría el comunismo.
La convocatoria a una nueva protesta el miércoles desató inquietudes de que la represión no había aplacado la voluntad de los radicales. Entre los que prometieron seguir luchando se encuentra Daniel Bressan, de 35 años, quien viajó unos 480 kilómetros (300 millas) desde el interior del estado de Paraná para sumarse a la protesta del domingo en Brasilia. La policía lo detuvo a la mañana siguiente, aunque niega haber participado en cualquier acto de vandalismo.
“A mucha gente le dará miedo salir a las calles y ser detenida, yo también tengo miedo a la persecución por parte del sistema judicial, pero no voy a dejar de luchar y no me voy a desanimar”, comentó Bressan vía telefónica desde un centro de detención temporal de la policía federal. “Estoy dispuesto a todo. Nuestra libertad vale más que nuestras vidas”.
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