Lun. Abr 29th, 2024

El director General de Migración, Venancio Alcántara, dijo que entregó la lista completa del personal que intervino en la ocasión a los fiscales, por lo que corresponde a ellos profundizar las investigaciones sobre este hecho.

El director de Migración, Venancio Alcántara, declaró que colabora con el ministerio público para que determine quiénes son los culpables de violar a una niña haitiana durante un operativo migratorio.

Después de haberse conocido la semana pasada la violación a una menor haitiana en Bávaro, provincia La Altagracia, aun se desconoce quién o quiénes fueron los participantes en ese acto delincuencial.

El director General de Migración, Venancio Alcántara, dijo que entregó la lista completa del personal que intervino en la ocasión a los fiscales, por lo que corresponde a ellos profundizar las investigaciones sobre este hecho.

“Nosotros dispusimos ante la Fiscalía de Higüey el personal completo (de Migración) que interactuó en ese proceso de intervención. Está en investigación. Todavía no se puede decir a ciencia cierta si es un agente de Migración o si fue otra persona”, indicó Alcántara.

El funcionario expresó que se debe esperar la decisión de los mecanismos judiciales, mientras continúan cumpliendo con el debido proceso respetando “los derechos humanos”.

Alcántara consideró que si llegan a determinar que fue un agente de Migración que realizó este acto de violencia, el o los responsables serán cancelados de la institución y colocados a disposición de la justicia para que respondan ante las acusaciones que se le imputan.

En cuanto a lo referido por la víctima de quien se oculta su identidad para cuidar su integridad, aún no ha señalado a nadie en específico, pero aclaró que si se lo presentan lo identificaría, de acuerdo a lo especificado por Alcántara.

El director de Migración dijo que se mantiene en constante comunicación con la fiscal de Higüey, quien le ha comunicado que las indagaciones están muy avanzadas.

Alcántara habló en la Catedral Primada de América durante la celebración de una misa en celebración por el 85 aniversario de la Dirección General de Migración.

Luego de que el ministerio público de Verón recibiera la denuncia de la violación de la niña de 14 años, varias entidades se han pronunciado condenando el hecho.

El obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, emitió un mensaje por redes sociales donde exige castigos ejemplares contra quienes cometieron el abuso, una vez culminen las investigaciones que se están realizando.

Calificó el acto como “bochornoso” y resaltó que la dignidad e integridad de los menores debe ser sagrada sin importar su nacionalidad.

La cancillería haitiana condenó este acto como un atentado grave a la dignidad humana y exige que se haga justicia a la víctima inocente.

Sobre el hecho

Una brigada de la Dirección General de Migración que realizaba un operativo en el Ensanche Bulevar, en Punta Cana, irrumpió en el domicilio de la menor, en ausencia de sus padres, quienes se presumen que habían salido a trabajar, y entraron a la vivienda con el pretexto de verificar sus documentos.

La menor fue violada y amenazada para que no denunciara el abuso que habrían cometido los agentes de Migración

Santiago Molina, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos en esa zona, relató que luego los agentes se llevaron a la adolescente hacia el centro de Migración de la zona, la amenazaron de muerte y la dejaron ir junto a una vecina.

Molina explicó que ante la denuncia puesta en la Fiscalía de la zona, los agentes se presentaron a la casa de la menor de edad y la volvieron a amenazar de muerte junto a sus padres, acción que fue vista por miembros de la “Comisión de los Derechos Humanos, quienes se enfrentaron en una discusión con el personal de Migración”. En las imágenes compartidas a este medio se observa que la menor y su familia viven en una casa construida con zinc y madera.

En el mismo video donde se observa a la fiscal García, varias personas denuncian que los agentes de Migración cobran entre “15 mil y 17 mil” a los haitianos para soltarlos luego de detenerlos.

El gobierno se comprometió a hacer una investigación para que este acto criminal no quede impune.