Bajo un proceso, contó con la representación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Contraloría General de la República y la fe pública de un cuerpo de notarios y de la persona que subasta bienes.
Cientos de dominicanos participaron en la primera subasta pública de bienes incautados, donde ofrecieron hasta pujas millonarias por propiedades vinculadas al lavado de activos y otros delitos.