La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) estimó que el paro de labores de jueces y funcionarios del Poder Judicial que ha afectado el servicio de justicia en todo el país refleja las distorsiones e incoordinaciones que prevalecen en el sistema de justicia de la República Dominicana.
“Desde hace años, los cambios trascendentales en el sistema de justicia nacional, que iniciaron con la reforma de la Constitución de 1994, la conformación del Consejo de la Magistratura y el establecimiento de la Ley de Carrera judicial, han quedado limitados para alcanzar resultados óptimos, por las disparidades que prevalecen en la asignación de los recursos del Presupuesto Nacional desde entonces”, indicó la entidad en una declaración firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Sostuvo que en agosto del 2004, el Congreso Nacional dictó la Ley 194-04, que estableció los porcentajes del Presupuesto que deben recibir el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados), Poder Judicial y Cámara de Cuentas, y que según lo aprobado al Poder Judicial le corresponde el 2.66% de los ingresos públicos.