Esos pagos ilícitos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo.
El Ministerio Público presentó acusación formal en contra de 14 personas físicas y jurídicas acusadas de sobornos por más de 108 millones para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.